Quince años de cárcel para ocho acusados por cremaciones ilegales

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a ocho personas a un total de 15 años de prisión por el fraude cometido en el Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa), en el que se produjeron casi 3.000 cremaciones irregulares. La sentencia, hecha pública hoy y que consta de 362 folios, condena a siete de los acusados por un delito de estafa, a todos ellos por un delito de falta de respeto a los difuntos y a uno por falsificación de documento.

En el fallo también se condena como responsable subsidiario a la entidad Parcemasa, que deberá indemnizar a las personas afectadas y que conste en sentencia. La Sala acuerda también la devolución a sus familiares de los restos hallados en el domicilio de uno de los acusados, E.P.R., y en la sede de La Popular "que han sido identificados y que se encuentran en dependencias sanitarias de Madrid". Las cenizas que se encuentran en posesión de algunos perjudicados y que no corresponden a sus familiares pueden ser entregadas a Parcemasa para que sean esparcidas en la zona común.

El fraude se descubrió en 1997 y en el banquillo de los acusados se sentaron F.Y.L., empleado municipal de Parcemasa; E.P.R., de la funeraria La Popular; J.M.O.M., y F.E.B. de Funesur; J.L.C., de La Malagueña; E.M.G., de La Soledad; y J.O.S. y J.F.G.D., de La Nueva. En la sentencia ha quedado probado que el fraude consistía en que el empleado de Parcemasa cobraba tarifas menores a una serie de funerarias por hacer incineraciones de restos humanos, y, a cambio, recibía dinero por cada cremación que hacía por la noche fuera del control legal del camposanto.

En los hechos probados se destaca que el empleado municipal, "sin el conocimiento y a espaldas de la dirección de la entidad, cobraba a las funerarias 10.000 pesetas por cremación, cantidad notablemente inferior a la tarifa de Parcemasa, siendo además conscientes los participantes en el plan de que las empresas funerarias actuando de esta manera obtendrían un sustancial incremento de ingresos". A los familiares se les cobraba la cantidad que el funerario estimara suficiente en relación a las tarifas oficiales vigentes en el cementerio cuyo destino se había contratado.

La entrega al funcionario de Parcemasa "se hacía por el sótano del camposanto y usaba el horno con el calor residual de 800 grados o poniéndolo en funcionamiento". "Seguidamente lo metía en las correspondientes bolsas y lo entregaba de la misma forma o por la puerta trasera y cobraba un total de 10.000 pesetas por incineración fuera de un resto individual o de un grupo familiar", se añade en la sentencia.

Recibidas las bolsas con las cenizas, se distribuían en urnas calculando la cantidad de forma aproximada y se identificaban con la etiqueta con el nombre del difunto que interesaba, y, posteriormente, contactaban con los familiares a los que se les entregaba sus urnas, que supuestamente contenían las cenizas de los restos humanos exhumados.