Las operadoras no podrán cobrar a sus clientes 15 días después de que el usuario pida la baja
Estarán obligadas a tener un servicio eficaz de atención al cliente
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el desarrollo de la Ley de Telecomunicaciones, que reconoce varios derechos de los usuarios relativos al servicio universal, reclamaciones y suspensión de la prestación que realiza la operadora. Las operadoras no podrán cobrar a sus clientes 15 días después de que el usuario pida la baja del servicio.
Más información
El reglamento aprobado obliga a las operadoras a tener servicios eficaces de atención al cliente, concretamente a contar con un servicio que atienda las quejas y reclamaciones de los consumidores: si es telefónico, la tarifa no podrá ser más alta que la normal y deberá facilitar a los usuarios un número de referencia y un documento de acreditación, si lo solicitan.
El Ejecutivo dice que es consciente de que hay un problema de atención a los usuarios, y asegura que velará por la calidad de esos servicios a través de sus servicios de inspección.
Ahora es mucho mas fácil contratar que rescindir un contrato; no hay compensación en caso de corte del servicio. Desde este momento, los usuarios podrán rescindir su contrato con un simple preaviso, de quince días, y a partir de ahí la operadora no les podrá facturar nada más.
En caso de interrupción del servicio, los usuarios tendrán derecho a indemnización, en función de su consumo habitual, y se les deberá abonar, sin necesidad de reclamación, cuando sea más de un euro.
Además, se refuerza la protección de los datos personales. Sólo se recibirán llamadas de la operadora, con fines publicitarios, cuando se haya autorizado de forma expresa, y no tácita, como ahora.
Del mismo modo, sólo serán incluidos en las guías telefónicas los nuevos usuarios que lo autoricen de forma expresa. Esta circunstancia debe ser tenida en cuenta, sobre todo en el caso de la telefonía móvil, porque habrá una guía, por primera vez, de los usuarios con contrato interesados en aparecer.
Por último, se regula de nuevo el servicio universal, incluyendo el acceso a internet a precio asequible, que deberá ser financiado por todas las operadoras.
