Un espeleólogo ira a la cárcel al negársele el indulto solicitado por el propio tribunal que le condenó
Hace ocho años fue arrestado con una pequeña cantidad de explosivo que iba a utilizar en una sima
Un hombre de 30 años, casado, con una hija y empleo estable, tendrá que cumplir cuatro años de cárcel, tras denegarle el Gobierno el indulto que había solicitado el propio tribunal sentenciador, que en su sentencia reconocía que los explosivos que hallaron en su poder eran para abrirse paso en una sima durante una excursión de espeleología.
En la sentencia que le condenaba, el tribunal solicitaba el indulto parcial por considerar que se veía obligado a imponerle la pena porque la ley no contemplaba la posibilidad de tenencia de explosivos sin intención de delinquir.
El destino hizo que el Consejo de Ministros revisara el caso de Joan Ojeda el mismo día en que se cumplía el primer aniversario de los atentados terroristas de Madrid, el pasado 11 de marzo, una circunstancia que según él "ha influido decisivamente" en la decisión del Gobierno, y que le podría llevar a la cárcel en cuestión de meses.
Han pasado ocho años desde aquella madrugada del 6 de junio de 1997 en la que Joan, cuando regresaba de casa de su novia, fue interceptado por la Guardia Urbana de Barcelona tras saltarse un semáforo en rojo mientras circulaba con su motocicleta.
Al joven, que entonces tenía 22 años, se le incautó un caja con sustancias químicas y componentes eléctricos con los que pensaba fabricar un microexplosivo para abrirse paso en una sima del macizo del Garraf, donde había encontrado un obstáculo que le impedía proseguir la ruta.
El juez reconocío "desproporcionado" el castigo
El caso llegó a la sección segunda de la Audiencia de Barcelona, y su presidente, Pedro Martín, no tuvo más remedio que condenar al joven espeleólogo a cuatro años de cárcel, al aplicar la mínima pena que prevé el artículo 586 del vigente Código Penal para las personas que fabriquen o se encuentren en posesión de sustancias explosivas, siendo indiferente que la tenencia de las mismas tenga propósito delictivo o no.
En la sentencia, el propio magistrado reconoció que el castigo era "desproporcionado" y pidió un indulto de la mitad de la pena para que Joan, al carecer de antecedentes penales, no tuviera que entrar en prisión.
