El Gobierno aprueba la reforma de 21 leyes para la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial
Establece la grabación obligatoria en vídeo de los juicios por delito
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la reforma de 21 leyes para la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial, que pretende liberar a los jueces de labores burocráticas y potencia la figura del secretario judicial. Además, introduce mayores garantías para el justiciable, al establecer la grabación obligatoria de los juicios penales por delitos, lo que incluye todos los celebrados ante tribunales del jurado.
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La reforma se realiza en forma de Anteproyecto de Ley Orgánica, y supone la modificación de normas como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de Procedimiento Laboral, de Jurisdicción Contencioso Administrativa, del Tribunal del Jurado, de Régimen Electoral General, de Asistencia Jurídica Gratuita, o de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual.
La Nueva Oficina Judicial se concibe como modernización del conjunto de medios personales, materiales y tecnológicos que rodean al juez en el desarrollo de su trabajo, mediante una nítida distribución de funciones entre los agentes que intervienen en el proceso, dotando a los jueces de las funciones que en verdad les otorga la Constitución: el ejercicio de la potestad jurisdiccional. De ese modo, la nueva Oficina libera a los jueces de cualquier labor burocrática, permitiéndoles dedicar todo su tiempo a dictar sentencias y resolver los litigios que tienen encomendados.
Pieza clave en los objetivos de la nueva Oficina Judicial es la figura del Secretario Judicial, que el Gobierno considera que ha estado desaprovechado con la legislación vigente y que se refuerza como un especialista de alto nivel de competencia. El Ejecutivo asegura que la nueva Oficina reducirá de forma notable el tiempo de resolución final de los asuntos.
Garantías del justiciable
Además de los objetivos mencionados, las reformas legislativas que introduce el presente Anteproyecto incluirán medidas dirigidas a aumentar las garantías de los justiciables.
Así, mediante modificación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Tribunal del Jurado, se ha introducido la grabación obligatoria en vídeo de las sesiones del juicio oral penal, cuando se trate de delitos. En relación con los juicios Laborales y Contencioso-Administrativos, la grabación se prevé sólo para aquellos supuestos en que se cuente con medios materiales necesarios.
Esta amplia macrorreforma introducirá, además, los mecanismos necesarios para evitar que se produzcan múltiples actuaciones judiciales con el mismo objeto, haciendo todo lo posible para lograr una acumulación efectiva de acciones, procesos, recursos o ejecuciones en un mismo procedimiento.
Agenda programada
Para ello, el Secretario Judicial tendrá competencia para el señalamiento de vistas judiciales. La gestión de la 'agenda programada', desde un servicio común y centralizado, creado al efecto, conseguirá no sólo racionalizar la fijación de fechas de vista de las causas, sino además optimizar la gestión de los espacios y las salas.
PROGRAMA 'LEXNET' Para el Gobierno, el "sello" de la Nueva Oficina Judicial vendrá determinado por la adaptación a las nuevas tecnologías. A partir del verano se desarrollará la puesta en funcionamiento del programa informático'Lexnet', que permitirá la presentación de escritos en los tribunales por medios telemáticos, así como el envío de documentos por los mismos medios.
Posteriormente, lo hará el proyecto 'Inforeg', que será una herramienta fundamental para realizar anotaciones e inscripciones informatizadas en el Registro Civil, y el Módulo de Intercambio Genérico (MIG), que permitirá el intercambio electrónico entre órganos judiciales, así como entre éstos y fiscalías.
Con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de la Nueva Oficina y de desterrar la opacidad del sistema judicial, se lanza, igualmente, un Plan de Transparencia Judicial, dirigido a asegurar los principios de transparencia, información y atención adecuada de los usuarios de la Justicia. Se trata de facilitar el seguimiento de la actividad jurisdiccional y de detectar dónde se producen sus fallos para poder corregirlos.
