El Estado, condenado a indemnizar con 1'8 millones a los padres de las niñas de Alcásser
Antonio Anglés cometió el triple crimen mientras disfrutaba de un permiso penitenciario
La Audiencia Nacional ha condenado al Estado a pagar indemnizaciones de 100 millones de las antiguas pesetas (unos 601.012 euros) a cada una de las familias de Miriam, Toñi y Desireé, las tres niñas de Alcásser que fueron violadas y asesinadas en 1992 por Antonio Anglés. Cuando cometió el triple crimen, el asesino disfrutaba de un permiso penitenciario.
La resolución declara la responsabilidad patrimonial del Estado en este caso al considerar que los permisos concedidos por la Administración penitenciaria a uno de los presuntos asesinos de las jóvenes, Antonio Anglès, fueron"gravemente inadecuados".
La Sala señala que Anglés, en situación de rebeldía y que no ha sido juzgado por estos hechos, cometió el crimen de las tres niñas en 1992 mientras disfrutaba de permiso penitenciario, de acuerdo a las declaraciones del único condenado por los hechos, Miguel Ricart, y a lo indicado en el auto de procesamiento dictado en 1993.
La indemnización que se reconoce a cada padre es de 300.506 euros, es decir, 601.012 euros a cada una de las familias de las niñas, lo que supone una cuantía total de 1,8 millones de euros (300 millones de pesetas).
