El Supremo anula la decisión del Gobierno del PP de no pedir 40 extradiciones de represores argentinos
Afirma que el Ejecutivo no tenía competencia para no cursar las órdenes del juez Garzón
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el acuerdo del Consejo de Ministros, de 29 de agosto de 2003, que acordó no pedir a Argentina la extradición de 40 presuntos represores que actuaron durante la dictadura en aquel país, en contra de lo solicitado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
En su sentencia, el Supremo señala que el Gobierno, entonces del PP, no tenía potestad para negarse a tramitar las peticiones de extradición cursadas por Garzón, ya que la decisión de solicitar esas entregas era judicial.
Más información
También rebate el argumento dado por el Gobierno en su acuerdo de que, al haberse derogado por el Parlamento argentino las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en relación con la represión durante la dictadura militar, precisamente el 21 de agosto de 2003, Argentina estaba en condiciones de iniciar la fase judicial en su territorio para enjuiciar los delitos de genocidio, terrorismo y torturas a que se referían los hechos que motivaban las peticiones de extradición.
