La administración española no responde
España, por debajo de Rumania, Armenia o México en el acceso de los ciudadanos a la información pública
¿Cuántos extranjeros hay alistados en las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es el gasto de su ayuntamiento en mejora de la accesibilidad de los minusvalidos? ¿Cuánto cobran los altos cargos de su Comunidad Autónoma?. Un 62 % del total de consultas efectuadas a distintos organismos públicos españoles tuvieron la callada por respuesta, según Los resultados del informe "Transparencia y Silencio", presentado hoy por la 'Fundación Open Society' que preside el millonario húngaro Georg Soros.
Los resultados del informe dejan a España en muy mal lugar en lo que respecta al acceso a la información pública de los ciudadanos. En nuestro país se analizaron 18 instituciones entre las que se encontraban: Presidencia del Gobierno, varios Ministerios como Defensa, Justicia o Economía y Hacienda, Organismos judiciales como el Tribunal Supremo, consejerías de Comunidades Autónomas o el Ayuntamiento de Madrid. También se analizaron empresas que prestan servicios públicos como Endesa y RTVE.
El derecho de acceso a la información establece que cualquier persona tiene derecho a acceder en condiciones de igualdad, a toda información en poder de instituciones públicas, sin necesidad de ser parte interesada, siempre que esto no vulnere otros derechos, como el de la intimidad o la seguridad nacional, quedando perfectamente recogidas estas excepciones por la ley.
Más fácil en Bulgaria, Armenia o Perú
Sin embargo, el informe revela que, a nivel práctico, es más difícil conseguir una respuesta de una Administración Pública en España, que en países como Bulgaria, Rumania, Armenia, México, Perú o Francia.
Argentina y Chile quedan a la par con España, donde sólo el 24% de las solicitudes que se enviaron obtuvieron una respuesta satisfactoria y sólo Macedonia, Sudáfrica, Ghana, Kenia y Nigeria tienen resultados peores.
Vacío legal
El informe "Transparencia y Silencio", realizado por la fundación Open Society Justice Initiative y la consultora Sustentia, responsable del estudio en España, ha puesto también de manifiesto que en España no existe en la actualidad una ley que regule el derecho de acceso a la información pública, con carácter general, y de acuerdo a los estándares internacionales que fija el Consejo de Europa. La única excepción es la Ley 38/1995, referida exclusivamente a temas medioambientales.
