El asesor de Cheney se declara inocente en el 'caso Plame'

Lewis Scooter Libby, ex jefe de Gabinete del vicepresidente de EE UU, Dick Cheney, se ha declarado esta tarde, ante un juez federal, inocente de los cinco cargos que se le imputan por mentiras y obstrucción a la justicia en el caso de la filtración a la prensa del nombre de una espía. Se trata del inicio de un proceso legal que promete ser largo y tortuoso. La incriminación de Libby, que ha asestado un duro golpe a Bush, podría obligar incluso al vicepresidente a comparecer ante un tribunal. En medio de este revuelo, aumentan las conjeturas sobre una posible reestructuración en la Casa Blanca.

Libby es el único incriminado en el conocido como caso Plame, un escándalo que ha salpicado a la Casa Blanca y que arrancó en julio de 2003, cuando el nombre de la espía encubierta de la CIA Valerie Plame salió publicado en un artículo periodístico. Su ocupación secreta se supo poco después de que su marido, el ex diplomático Joseph Wilson, acusara al Gobierno de Bush de manipular la información de inteligencia para justificar la invasión de Irak.

Wilson, que investigó la supuesta compra de uranio por parte de Nigeria para venderlo a Irak, vio en la maniobra una vendetta gubernamental. Por su implicación en este caso, el ex asesor de Cheney, que renunció a su cargo el 28 de octubre, cuando fue procesado, ha comparecido ante el juez federal Reggie Walton, quien lleva dos décadas trabajando como juez en la capital estadounidense.

Walton ha leído a Libby los cinco cargos por obstrucción a la justicia, falso testimonio (mentir al FBI) y perjurio (mentir a un jurado) y le ha pedido su respuesta. El abogado, de 55 años, ha indicado: "Con respeto, su señoría, me declaro no culpable". Tras esa escueta declaración, se pone en marcha el caso contra Libby, que puede hacer mucha más mella en la Casa Blanca.

El caso sigue abierto

Es más, la incriminación de Libby podría hacer que el vicepresidente tenga que comparecer ante un tribunal. Tras procesar a fiscal Libby, el fiscal especial Patrick Fitzgerald, que llevó a cabo la investigación del caso durante casi dos años, indicó que, aunque el grueso de la pesquisa había finalizado, el caso todavía no está cerrado.

Fitzgerald no ha podido acusar a nadie de cometer un delito por la filtración del nombre de la espía, ya que para ello el "soplón" tendría que haber actuado de modo intencional, algo que hasta la fecha no se ha podido demostrar. Entre los altos funcionarios que siguen bajo sospecha está Karl Rove, principal asesor político, mano derecha y "arquitecto" de las victorias electorales del presidente George W. Bush.