El Congreso aprueba la restitución a UGT de su patrimonio histórico
PP e IU han votado en contra de devolver al sindicato 151 millones por los bienes incautados en la dictadura
El Congreso ha aprobado hoy la convalidación del decreto-ley que permite la devolución a UGT y a la CNT de los bienes incautados por la dictadura, por importe de 151,3 y 3,7 millones de euros, respectivamente. Izquierda Unida y el PP han votado en contra. Comisiones Obreras anuncio ayer medidas judiciales, ya que considera que se viola la libertad sindical y opina que se trata de una subvención encubierta. El secretario general de la UGT Cándido Méndez habla de reparación de una injusticia.
El decreto recibió los votos a favor de PSOE, CiU, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), BNG y Chunta Aragonesista, frente al rechazo del PP, Izquierda Unida, y la abstención del PNV, Coalición Canaria y Nafarroa Bai. Se rechazó, sin embargo, su tramitación como proyecto de ley, pese a que varios grupos habían mostrado su voluntad de que así fuera.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, defendió que la norma permite la "legítima" devolución del patrimonio histórico y constituye la reparación de una "deuda ética y moral" y de una "injusticia histórica" que proviene de un acto "intrínsecamente antidemocrático", como fue la ilegalización de sindicatos y partidos políticos por el franquismo.
4.000 expedientes pendientes
El titular de Trabajo y Asuntos Sociales indicó que, con este decreto, se da "cumplimiento definitivo y total a la ley que regulaba la cesión de bienes del patrimonio sindical", de enero de 1986. Admitió que esa norma marcó una serie de "exigencias" que "no tuvieron en cuenta las circunstancias" derivadas de la Guerra Civil y las casi cuatro décadas de dictadura, que introducen la "dificultad de acreditar la concurrencia" de la titularidad de los bienes incautados. Hasta la fecha, y desde 1986, se han compensado 577 inmuebles, pero quedan por resolver más de 4.000 expedientes.
El ministro defendió, asimismo, el criterio de actualización del valor de los inmuebles, al que se aplica el interés legal del dinero, un 3% anual, desde 1986. UGT reclama su devolución en función del valor real de mercado de estos bienes, bastante más alto. Además, se marcha una "fecha de finalización cierta" de todas estas reclamaciones, al fijar como tope el 31 de enero.
Críticas
Desde el Partido Popular, Vicente Martínez-Pujalte, tras expresar un "profundo reconocimiento" del papel "esencial" de los sindicatos, lanzó duras críticas contra la iniciativa del Gobierno y vinculó esta norma a la necesidad de solucionar la deuda que la UGT mantiene con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como consecuencia de la quiebra de la cooperativa de viviendas PSV.
Muy duro se mostró también el portavoz de CiU, Carles Campuzano, que habló de "enorme torpeza, falta de transparencia y poca responsabilidad" del Gobierno al introducir elementos de tensión entre las grandes centrales sindicales en un momento en que están abiertos "todos los frentes" del diálogo social. Sin embargo, precisó que su grupo no quiere "bloquear" la resolución de una demanda legítima por parte de UGT y CNT.
Agradecimiento de CC.OO al PP
La Comisión Ejecutiva de CC.OO. lamentó hoy la convalidación del Real Decreto-Ley y anunció que pondrá en marcha las acciones sindicales y jurídicas oportunas para reparar la "profunda ilicitud" que supone este hecho.
El sindicato indica, en un comunicado, que este Real-Decreto nace de la "irresponsabilidad" y la "mala fe" del Gobierno por precipitar una iniciativa de devolución del patrimonio histórico "que no está en condiciones de acreditar documentalmente". Para CC.OO., el Ejecutivo se ha convertido en impulsor de una "subvención multimillonaria" a una organización sindical, "camuflándola" en una reparación de su patrimonio histórico, en alusión a la cantidad que recibirá UGT.
CC.OO., que agradece la "coherencia" y el "alto valor ético" demostrado por los grupos parlamentarios que han votado en contra de dicha convalidación (PP e IU-ICV) o que se han abstenido (PNV, CC y Nafarroa-Bai), afirma que la actitud del Ejecutivo en todo este tema ha resultado "más que sospechosa".
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J.L Sánchez, CC.OO: "Hay mala fe en el Gobierno. Vamos a poner en marcha todas las acciones jurídicas"




