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La AVT pide la expulsión de España de la ONU y de la UE por estar en "estado de excepción"

"Solicitamos el amparo internacional, porque el gobierno de España se está mostrando incapaz de garantizar ese Estado de Derecho"

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha remitido una carta a las Embajadas extranjeras en España solicitando que sus gobiernos presionen al español para que éste abandone "todos los organismos internacionales" a los que pertenece porque "los principios que rigen estas instituciones no concuerdan con el "estado de excepción" y de "recorte de libertades" que, a su entender, ha impuesto el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

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AVT pide a los demás países "amparo internacional para que el Estado de Derecho se cumpla en España". "Solicitamos el amparo internacional, porque el gobierno de España se está mostrando incapaz de garantizar ese Estado de Derecho, sobre todo en el País Vasco", añade la carta.

De esta forma, la asociación que preside Francisco José Alcaraz contesta a la petición de mediación internacional de ETA, sumada a la que denominan "debilidad que está demostrando el gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero para derrotar a ETA con los medios que el Estado de Derecho pone a su disposición".

"Cuando ETA dice en su comunicado que en Euskal Herria se vive en un continuo estado de excepción, es cierto que es así, pero solo para los demócratas, para los que no asesinan, para los que no ponen bombas, para los miles de ciudadanos que han tenido que abandonar el País Vasco por la amenaza y presión de ETA y su entorno, esos son los que viven un estado de excepción continuo. Por el contrario, los asesinos, el entorno político de ETA, y el nacionalismo más radical, gozan de todos los derechos y libertades", dice la AVT en su comunicado.

La Junta Directiva de la AVT da la razón a ETA en que la comunidad internacional debe implicarse pero "para exigir al Gobierno Español que garantice el Estado de Derecho de todos sus ciudadanos".

Por todo ello, AVT solicita aun grupo de observadores internacionales para que se desplacen al País Vasco y "comprueben 'in situ' hasta que punto están restringidas las libertades, pero solo para aquellos que no comparten la obsesión nacionalista".

 
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