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Acusan a dos concejales del PP de estar detrás del 'macrobotellón' de Granada

Los concejales de IU y el PSOE piden una comisión de investigación sobre la autorización municipal de esta convocatoria en la capital granadina

Los concejales del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada han pedido la constitución de una comisión que investigue "la posible implicación directa" de dos concejales del equipo de gobierno, del PP en la organización del macrobotellón, ya que ambos son accionistas de una de las empresas que "hará negocio". Unas 20.000 personas acudieron en la Huerta del Rasillo a la convocatoria, que ha tenido autorización municipal.

La fiesta transcurre sin incidentes y fuentes policiales han explicado a la agencia Efe que para garantizar la seguridad permanecen en alerta unos 500 agentes de la Policía Local y Nacional.

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Los participantes, muchos con sus propias bebidas, han pedido al alcalde que permita organizar así los botellones de los sábados en el verano.

Los concejales señalado por IU son el edil de Educación, Eduardo del Moral, y el de Personal, Jaime Sánchez Illescas, ambos socios del pub El Desván II. "Si es cierto y se verifica que estos dos ediles del PP están detrás de la organización, el alcalde debe cesarlos de manera fulminante", señaló en rueda de prensa en el Consistorio granadino la edil de IU Lola Ruiz Doménech.

La empresa en la que figuran como accionistas los dos concejales del PP, con domicilio social en el mismo lugar donde la esposa de uno de ellos tiene una gestoría, forma parte de un entramado empresarial con sociedades interpuestas, según IU.

El PSOE también pide su dimisión

El grupo municipal socialista exigió también la "dimisión inmediata" de los dos ediles del PP. En rueda de prensa, el portavoz del PSOE, José María Rueda, consideró que el PP demuestra que "no quiere solucionar el problema del botellón, sino hacer negocio del mismo".

En un comunicado remitido por el Ayuntamiento de la capital a la agencia Europa Press, el equipo de Gobierno del PP, que declinó hacer declaraciones al respecto, subrayó que "resulta radicalmente falso" que vayan a participar en los posibles beneficios económicos o pérdidas que se deriven de la celebración de la Fiesta de la Primavera.

Los concejales afectados se "reservan el derecho a emprender acciones legales contra quienes hayan puesto en duda o atentado contra la honradez de sus personas en el ejercicio de sus cargos públicos".

 
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