El Consejo de Ministros disuelve el Ayuntamiento de Marbella

Los partidos políticos han acordado esta noche la composición de la gestora que dirigirá Marbella. Estará formada por seis miembros del PSOE, seis del PP, 2 de IU y 2 del Partido Andalucista, según ha adelantado la Cadena SER. En la reunión han participado el presidente de Andalucía, Manuel Chaves, el líder del PP andaluz, Javier Arenas, y el IU, Diego Valderas.

Por la mañana, el Consejo de Ministros aprobó la disolución del Ayuntamiento ante las "gravísimas imputaciones judiciales" que pesan sobre parte de sus miembros por su relación con la trama de corrupción urbanística, dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

El Ejecutivo adoptó su decisión tras la propuesta de la Junta de Andalucía y una vez recibidos los informes favorables a la disolución por parte del Senado y la Comisión Nacional de Administración Local, así como el dictamen del Consejo de Estado, que señala la imposibilidad de celebrar elecciones.

El Gobierno justificó su medida con tres argumentos. Primero, la "contravención sistemática de la legalidad por la actual Corporación en el otorgamiento de licencias en materia de urbanismo", así como su "absoluta falta de colaboración con la Junta de Andalucía, al desatender sus numerosas solicitudes y requerimientos".

En segundo lugar, la "inactividad del Ayuntamiento ante los distintos requerimientos judiciales para la paralización de obras" y, tercero, la "compleja y delicada situación" provocada por la salida del consistorio de concejales y alcaldes inhabilitados penalmente, así como la situación procesal de diversos cargos municipales imputados, como la alcaldesa, la primer y quinto tenientes de alcalde, varios concejales, el ex gerente de Urbanismo y el secretario del Ayuntamiento.

Municipales, el 27 de mayo de 2007

Es la primera vez que un Gobierno adopta esta medida en la democracia española. El informe del Consejo de Estado se basa en la obligatoriedad de convocar elecciones como mínimo 55 días antes de su celebración, lo que supondría hablar del 26 de mayo. Como las siguientes elecciones municipales están previstas para el 27 de mayo de 2007, la corporación que saliera elegida tendría un mandato inferior a un año, algo que no permite la ley.

Sobre la posibilidad de recortar los plazos electorales, tal y como pide el PP, el Consejo de Estado insiste en que estos plazos son inalterables y que su modificación quebrantaría el princio de seguridad jurídica.