Bolivia nombra a los directores que controlarán cinco petroleras, entre ellas Repsol
Entre los responsables designados se encuentran los que asumirán el control de Repsol YPF y de la brasileña Petrobras
La Paz
El Gobierno de Bolivia ha designado esta madrugada a los directores que asumirán el control de cinco petroleras, entre ellas una filial de la hispano-argentina Repsol YPF y otra de la brasileña Petrobras, que pasaron a manos del Estado hace una semana por decreto del presidente, Evo Morales. Fueron designados un total de cinco responsables titulares, cinco suplentes, además de 20 directores para tener cuatro en cada una de las petroleras nacionalizadas, donde las trasnacionales contarán sólo con tres representantes en minoría.
Más información
- Brasil acepta al fin la nacionalización y negociará con Bolivia
- Morales: "Queremos que Repsol siga pero no como patrona y propietaria"
- Bolivia no indemnizará al BBVA por la entrega de acciones
- Reunión de 'alto nivel' del Gobierno para analizar la situación en Bolivia
- Bolivia advierte de que expropiará empresas extranjeras si no hay acuerdos sobre la nacionalización
- Moratinos acuerda con Evo Morales enviar a Bolivia una delegación "política y técnica" para analizar la situación de las empresas españolas
- Repsol envía una carta al gobierno de Bolivia en la que se muestra dispuesta a negociar
- Zapatero reconoce que la decisión de Bolivia es un problema pero que no va a afectar a las ayudas
- Texto del decreto íntegro de nacionalización de hidrocarburos en Bolivia
Los representantes del Estado, entre los cuales hay cuatro militares en servicio, recibieron sus memorandos de designación de manos del ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, y del presidente de la firma estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Alvarado. Los directores que tendrán a su cargo la fiscalización del Estado son Santiago Berríos en la empresa Andina, participada por Repsol YPF; René Rocabado en Chaco, del grupo British Petroleum (BP); y Felipe Hurtado en Transredes, subsidiaria de Enron y Shell.
Berríos es un conocido abogado que hasta ahora era presidente de la Alianza Patriótica de Abogados, que el año pasado inició un juicio contra las petroleras para pedir la anulación de sus contratos. En la empresa de refinado de Petrobras asumió como síndico Jorge Soruco, un oficial de la Fuerza Naval de Bolivia; y en la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB), participada por capitales peruanos y alemanes, Federico Yáñez. Entre los directores de Transredes, destaca el abogado e historiador José Luis Roca, uno de los principales críticos de la privatización parcial de las empresas estatales en su país que llevó el ahora ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada hace una década.
Para tener el 51 por ciento de las compañías Andina y Chaco, el Estado nacionalizó el tres por ciento de las acciones en cada una; en Transredes el 17 por ciento; y en la refinadora de Petrobras y en CLHB el 51 por ciento. El ministro Andrés Soliz dijo que, a partir de ahora, el Gobierno comenzará a negociar con esas compañías la forma de pagar por las acciones que pasaron a propiedad estatal. Dijo que en algunos casos, que no especificó, las empresas han aceptado que se les pueda pagar por sus acciones con la producción de gas y petróleo, aunque Alvarado matizó que también hay que considerar las deudas tributarias que tienen con el Estado.
El valor aproximado de las acciones puede conocerse porque las empresas están inscritas en la Bolsa Boliviana de Valores. "Puedo adelantar que en todas las empresas del sector nombradas aquí prácticamente hay una aceptación generalizada y lo que falta son estos trámites de detalle", dijo Soliz. En el caso de Andina, Chaco y Transredes, la estatal YPFB debe recibir el endoso de las acciones que gestionan las Administradoras de Fondos de Pensiones Previsión Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), de España, y Zúrich Financial Services, de Suiza.
Según Soliz, se ha establecido que las AFP "nunca" firmaron un contrato con el Estado para ser fiduciarias de esas acciones que pertenecen al Fondo de Capitalización Colectiva, una entidad creada para pagar una renta anual vitalicia a todos los bolivianos. El ministro boliviano señaló que esa falta de contrato era uno de los "vacíos jurídicos" detectados en el proceso de privatización parcial de esas compañías, además de otros que ahora deben ser investigados por los directores y síndicos.
