Rajoy pedirá una comisión de investigación sobre el 'caso Bono'

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado que el Grupo Popular va a pedir una comisión de investigación en el Parlamento para averiguar "quién dio la orden y por qué" de detener a dos militantes de este partido que participaron en enero de 2005 en la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en la que fue increpado y supuestamente agredido el ex ministro de Defensa José Bono.

Rajoy ha confiado en que el PSOE acepte la creación de esta comisión después de la condena a entre tres y cinco años de cárcel a tres policías por detención ilegal.

Rajoy ha dicho que la comisión puede servir para averiguar "quién dio la orden, por qué la dio, cuáles eran los objetivos" y qué conocimiento tenían de ello los responsables políticos. El presidente de los populares no se cree que los policías condenados actuaran a iniciativa propia y sin recibir "instrucciones políticas" y concluyó, apelando a su condición de ex ministro del Interior, que "la policía no actúa así".

Según Rajoy, "la sola dimisión del delegado del Gobierno en Madrid demuestra con inequívoca claridad la culpa del Gobierno de España". En su opinión, "de cómo actúe el Gobierno estaremos ante el termómetro de la calidad democrática en España". Para el líder del PP, si esto hubiera ocurrido en Reino Unido, "el ministro del Interior no estaría sentado en el Consejo de Ministros".

El Consejo de Ministros, "manchado"

En este sentido, agregó que el Consejo de Ministros estará "manchado" mientras en él continúe el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, que era titular de Interior cuando ocurrieron los hechos, y "no asuma su responsabilidad política por atentar contra derechos fundamentales de militantes de un partido".

Para Rajoy, "es la primera vez desde la aprobación de la Constitución que por criterios puramente políticos se detiene ilegalmente a militantes de un partido" y que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es el primer jefe de Gobierno español "que tiene una Administración condenada por violar derechos fundamentales de un partido político".