Presidente canario: "El fenómeno de la inmigración ilegal ha cogido con el pie cambiado a la UE"

El drama de la inmigración ilegal sigue asolando un día más a las islas Canarias. Ayer fueron casi trescientos los indocumentados que arribaron a sus costas, y desde agosto de 2005 ya son 20.000. La situación en el archipiélago es de "emergencia total" según ha declarado en la Cadena SER el presidente autonómico, Adán Martín, que ha criticado que este fenómeno haya "cogido con el pie cambiado" a la Unión Europea.

Para Martín la situación que se vive actualmente en las islas ha superado "muy por encima" todas las previsiones. "En estos momentos estamos ya con más de 16.400 personas en lo que va de año, pero sobre todo, todos los días nos encontramos que hemos superado tristemente el récord de llegadas del día anterior".

Por ello, el presidente canario exige de nuevo al Gobierno que "multiplique los medios, aunque estemos de vacaciones". Para Martín se ha puesto en evidencia que los medios españoles y del programa Frontex (de ayuda europea para la vigilancia de las costas africanas) son "escasos, han llegado a destiempo y han ido detrás de las circunstancias".

Martín considera que "hay que exigir más de Europa, que tiene una enorme responsabilidad" en esta situación, al tratarse de fronteras europeas. Considera el presidente canario que la inmigración ilegal "ha cogido con el pie cambiado" a la UE. "Recuerdo ir a ver al comisario Frattini hace un año y medio para contarle la situación que se avecinaba y no tenía ni idea que el problema por el Atlántico fuera como es y, sin embargo, llevamos desde 1995 recibiendo pateras".

Situación "insostenible" con los menores

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Además, Martín apuesta por las repatriaciones inmediatas, apostar por las reformas legislativas y las campañas de propaganda informando de los riesgos que suponen el viaje a través de cayucos.

El presidente canario ha querido destacar también la situación "insostenible" que viven con los menores inmigrantes. Desde el inicio de 2006 han llegado 388 jóvenes (75 sólo en agosto). Estos inmigrantes suponen un coste de tres millones de pesetas por persona a la Comunidad, que además comienza a tener serias dificultades para acogerles en los centros, que ya están saturados y los Cabildos, que por ley están obligados de su custodia, "han tirado la toalla".