El jefe de la Policía de Torrevieja no cuenta con la titulación exigida
Otros cuatro policías locales quedan en libertad con cargos tras declarar ante la juez
La juez que investiga el presunto caso de torturas a un detenido a manos de la Policía Local de Torrevieja (Alicante) ha tomado declaración esta mañana a cuatro agentes más en calidad de imputados. Los cuatro policías han quedado en libertad con cargos, sumándose así a los ocho agentes ya imputados por este caso. Hoy se ha conocido que el jefe del cuerpo, que también está imputado, ni siquiera cuenta con la titulación que exige la Ley.
Más información
- El concejal de Seguridad de Torrevieja declara como imputado en el caso de las torturas
- "Está reventado. No se puede poner derecho y lleva dos costillas rotas"
- Ya son 14 los policías imputados por un supuesto caso de torturas en Torrevieja
- Imputados cinco policías locales de Torrevieja en un caso de supuestas torturas a un detenido
- Dos concejales de Torrevieja, imputados en el caso de torturas a un detenido por la Policía Local
- El Ayuntamiento de Torrevieja asegura que los policías imputados en un caso de torturas siguen en sus puestos
Según publica hoy el diario El País, el jefe de la Policía Local de Torrevieja, Alejandro Morer, no cuenta con la titulación exigida para cumplir ese puesto. Morer, que está imputado junto a siete subordinados y dos concejales del Partido Popular por un supuesto caso de torturas, no tiene titulación universitaria, tal y como exige la Ley de Policías Locales de la Comunidad Valenciana, aprobada en 1999 y que afecta a los municipios con más de cien agentes (Torrevieja cuenta con 170).
La Ley establece que en los municipios con más de 100.000 habitantes, o cien agentes en plantilla, debe estar al frente de la Policía Local un "doctorado, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente". Sin embargo, Morer no alcanza el nivel académico exigido, pues es titulado en Formación Profesional.
El alcalde de la localidad, Pedro Hernández Mateo, tampoco ha iniciado el proceso para sustituirlo, a pesar de que la ley se lo exige. Además, sigue manteniendo en sus puestos al resto de efectivos policiales imputados en este supuesto caso de torturas, contrataciones irregulares, omisión del deber de perseguir delitos, además de falsificación de documentos públicos.
