El juez pide al alcalde de Orihuela documentación sobre el Plan de Ordenación Urbana
José Manuel Medina ha negado las acusaciones y no ha contestado a las preguntas de la acusación
El alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, imputado por un presunto delito urbanístico, ha declarado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de esta localidad alicantina. La fiscalía quiere que se investigue también la relación de bienes de los que disfruta el regidor, como vehículos de lujo o viviendas vinculadas a constructores beneficiados por planes urbanísticos. El juez le ha pedido que aporte documentación relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.
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El alcalde de Orihuela ha negado las acusaciones que recaen sobre él, informaron fuentes de la acusación. Tras dos horas de interrogatorio en las que se negó a contestar las preguntas de la acusación particular. Sin embargo, Medina abandonó el palacio de justicia y aseguró que había tenido "ocasión de decirle a su señoría la verdad de las cosas".
"Este momento lo estaba esperando desde hace bastante tiempo y ahora he tenido ocasión de hacerlo", aseguró el alcalde, quien rechazó, sin embargo, comentar el contenido de las preguntas que le habían formulado la magistrada y el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones.
"Todo lo que le interesaba conocer sobre ese tema, lo conoce quien lo tiene que conocer, que es el juez. Me he podido explicar bien y con todo lujo de detalles sobre las cuestiones que me han preguntado", aseguró Medina.
Facturas falsas
Entre las supuestas irregularidades urbanísticas y contables en la corporación, Briones cita la emisión de facturas falsas, contrataciones con determinadas empresas, la aprobación de las recaudaciones de entradas de actuaciones artísticas y la concesión de subvenciones sin justificar a la junta directiva de la Asociación de Moros y Cristianos.
El abogado de la acusación popular, Mariano Bo, explicó a los medios que la declaración de Medina había sido "previsible" y que la magistrada mantenía la imputación contra él. Bo, que representa en las diligencias al portavoz del grupo socialista en el consistorio, Francisco García Ortuño, informó de que el juez había requerido al alcalde "ciertos documentos sobre el PGOU" y otros planes urbanísticos.
