El Congreso aprueba la ley de Dependencia con oposición de CiU y PNV

Madrid

El pleno del Congreso ha aprobado hoy, por 295 votos a favor, 15 en contra y una abstención, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas que garantizará el derecho a la atención social a todos los españoles mayores de tres años que no pueden valerse por sí mismos. El texto ha contado con el respaldo de todos los partidos, salvo PNV, CiU, EA y NBai, que rechazan la norma al entender que invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de servicios sociales.

La ley establece además que los servicios de atención a los dependientes, preferentemente públicos y concertados, se integrarán en el Sistema Nacional de Dependencia, que se financiará con las aportaciones de las administraciones central y autonómicas y el copago de los beneficiarios según su renta y patrimonio (incluido el valor de la vivienda). La suscripción de un seguro de dependencia privado permitirá desgravar.

El texto ha contado con un amplio respaldo parlamentario dado el principio de acuerdo alcanzado entre los grupos parlamentarios de PSOE y PP. Este acuerdo fue posible después de que el PSOE aceptara transaccionar distintas enmiendas presentadas por el PP y que afectaban a cuestiones como el reconocimiento del derecho subjetivo y universal en el articulado de la norma y el compromiso de establecer una "atención preferente" a las personas afectadas por una dependencia severa.

En cualquier caso, el texto no ha logrado el respaldo de toda la Cámara, tal y como pretendía el Gobierno, a pesar de las negociaciones mantenidas con los nacionalistas de PNV y CiU. En nombre de estos últimos, el diputado Carles Campuzano ha señalado que este proyecto de ley "abre en canal" las competencias autonómicas. Además, CiU entiende que la memoria económica no garantiza la financiación ni los recursos que necesita esta ley y "deja al margen" a las clases medias.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en su intervención previa a la votación de la norma para su envío al Senado, ha garantizado que la ley no invade las competencias autonómicas. Para Caldera, la norma no supone "despojar de sus competencias a nadie", ya que, según ha dicho, las comunidades ejercen su competencia en servicios sociales, y el Estado, en garantizar "un mínimo" estándar de igualdad de las prestaciones y servicios en todo el territorio español.