Ciencia y tecnología

La Policía pide que se obligue a los cifercafés a identificar a sus clientes | 18-12-2006

La Brigada de Investigación Tecnológica explica en el Senado que algunos delincuentes acuden a estos establecimientos para borrar su rastro

Madrid

El inspector de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) del Cuerpo Nacional de Policía, Fernando Fernández Lázaro, ha señalado hoy en el Senado que los cibercafés deberían mantener un registro de sus clientes, pues algunos de ellos pueden utilizar sus servicios para cometer delitos y quedar impunes, al ser después ilocalizables. También ha alertado sobre el uso que algunos delincuentes hacen de redes inalámbricas ajenas para luego no poder ser identificados, y señaló que se han realizado menos detenciones este año por la especialización de los ciberdelincuentes.

La Policía ha realizado durante 2006 la mitad de detenciones relacionadas con delitos tecnológicos que las efectuadas el año pasado, pasando de 482 operaciones en 2005 a 238 este año. El descenso se debe a que los delincuentes "utilizan métodos cada vez más seguros" y "forman parte de grupos organizados", según ha explicado durante una comparecencia en la Comisión de la Sociedad de la Información y del Conocimiento del Senado, Fernando Fernández Lázaro.

Este experto, también se ha referido a la falta de seguridad en el uso de las ''redes inalámbricas”, ya que, según indica, "cualquier delincuente se puede conectar a una red inalámbrica en la calle sin que el propietario tenga conocimiento de que su router está siendo utilizado para cometer un delito". Al respecto, destacó que la Policía podrá dar con el dueño de ese dispositivo durante su investigación pero no con el delincuente.

Por último, ha criticado la falta de regulación sobre los cibercafés, donde "muchos delincuentes aprovechan para cometer delitos ya que nunca es necesario presentar identificación para usar los ordenadores". "Debería crearse un registro en los ciber al igual que se hace en los hoteles", indicó, Fernández, quien, sin embargo, asegura que la legislación española en materia de delitos informáticos se ajusta “bastante bien” al estándar europeo.

El grupo de investigación de delitos informáticos surgió en 1995, actualmente tiene siete grupos operativos y forman parte de su plantilla 31 policías y alrededor de ocho ingenieros informáticos.

 
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