Gobierno y PP tampoco logran el acuerdo sobre el Consejo que evaluará a los dependientes

Gobierno y Partido Popular han vuelto a manifestar su enfrentamiento, en esta ocasión con respecto a la composición del Consejo Territorial de la Dependencia, órgano encargado de evaluar a las personas dependientes. Los 'populares' han rechazado la "excesiva representación" que a su juicio tiene la Administración central en este Consejo, y por ello, se han abstenido de su votación.

Finalmente, ha quedado aprobado el Consejo Territorial de la Dependencia, que estará constituido por el titular del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 17 consejeros de las Comunidades Autónomas, 11 representantes de la Administración General del Estado, un representante por Ceuta y otro por Melilla y otros dos designados por la Federación Española de Municipios y Provincias.

Así, el Gobierno central tendrá en este órgano doce representantes con voz y voto, frente a los 17 de las Administraciones Autonómicas. Este hecho ha sido calificado por los consejeros del Partido Popular de "atropello", "aberración", "trágala" y "barbaridad democrática". Además, estudiarán si impugnan la Ley ante los tribunales, al aceptar sólo entre dos y tres miembros del Ejecutivo central en este órgano.

Por su parte, los consejeros socialistas consideran que el Partido Popular ha llegado a esta reunión con una "estrategia predeterminada" para "frenar" la puesta en marcha de la Ley de Dependencia.

200.000 grandes dependientes

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Una vez aprobado el baremo, los servicios sociales de cada comunidad autónoma evaluarán a todo el ciudadano que quiera para determinar su posible grado y nivel de dependencia y los servicios a los que tienen derecho. España cuenta con 200.000 grandes dependientes, grupo que incluye a ancianos y discapacitados que necesitan ayuda varias veces al día o supervisión y apoyo generalizado. Con la nueva ley a este grupo se irá incorporando paulatinamente los dependientes moderados.

Cada comunidad autónoma coordinará a través de este Consejo el desarrollo de la Ley y la atención a las personas dependientes, teniendo en cuenta sus necesidades y su nivel de renta y patrimonio.

Los funcionarios de cada Junta autonómica ofrecerán un formulario con preguntas sobre la capacidad para realizar tareas diarias del dependiente: hay un baremo específico para las personas con discapacidad física y otro para la discapacidad intelectual o enfermedad mental.

Los técnicos evaluarán la dependencia siguiendo unas tablas de valoración de entre 25 y 100 puntos, en función de las respuestas recibidas sobre cuestiones como los problemas para abrir botellas, cortar la carne, sorber las bebidas, lavarse las manos, cortarse las uñas, calzarse o abrocharse un botón.