Nueva batalla entre Esperanza Aguirre y la ministra Salgado, esta vez por los cordones umbilicales

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido acudir al Tribunal Constitucional para plantear un conflicto de competencias con el Estado a propósito del Real Decreto que regula los bancos de sangre de cordón umbilical. El ejecutivo que preside Esperanza Aguirre estima que la norma invade sus atribuciones y vulnera la libertad individual.

Así lo anunció hoy el vicepresidente primero del Gobierno regional, Ignacio González, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. La Comunidad ha decidido adoptar esta medida al haber transcurrido un mes desde que el Ejecutivo madrileño requirió al Estado para que derogara la normativa que regula los bancos privados de sangre de cordón, sin que dicho requerimiento haya sido atendido.

El Gobierno de Madrid basa su decisión en que el Real Decreto del Estado, además de "invadir" las competencias de la Comunidad "cercena la libertad individual" de los padres de conservar la sangre de cordón de sus hijos, y "la de las empresas", porque impide la creación de bancos privados. Además, el Ejecutivo regional considera que esta norma puede "situar a los españoles en una posición infinitamente peor" con respecto a otros europeos que disponen sin problema de estos depósitos.

El decreto nacional fue aprobado el pasado mes de noviembre, y permite la existencia de bancos privados para almacenar el cordón umbilical, pero les obliga a ceder sus muestras de forma altruista. Este tipo de bancos permite almacenar las células madre que contiene el cordón umbilical de los neonatos. Estas células se pueden utilizar para un futuro tratamiento del propio niño (para lo que se almacenan en bancos privados), pero también pueden servir para tratar a otros pacientes.

La Comunidad de Madrid argumenta que "no existe ninguna habilitación legal al Gobierno para regular la utilización de células y tejidos humanos, ni el régimen jurídico de los bancos de sangre procedente de cordón umbilical, por lo que podría tratarse de una norma que excedería del ámbito propio de este tipo de disposiciones reglamentarias".

Asimismo, sostiene que "supuestamente el Gobierno de la Nación aprobó el nuevo régimen jurídico establecido en el Real Decreto para dotar de regulación a los depósitos de sangre de cordón, debida a su presencia y progresiva implantación en los países de nuestro entorno, pero lo cierto es que las restricciones que impone al fijar su carácter no lucrativo, establecer la disponibilidad para terceros y limitaciones a la exportación, dificultan de manera claramente deliberada la creación de bancos privados de tejidos humanos en España".

El Gobierno madrileño también ha querido remarcar "su defensa del derecho de los ciudadanos de elegir entre un depósito privado o la donación a un banco público" y ha añadido que el papel de la Administración "debe ser garantizar esa opción individual, libre y voluntaria".

Derecho a la propiedad privada

En definitiva, el ejecutivo regional considera que "el Gobierno de la Nación ha aprobado una norma que rompe el derecho a la propiedad privada y a la libertad individual de los ciudadanos para elegir la utilización que pueden hacer de la sangre de cordón umbilical de sus hijos, e imposibilita hacer depósitos en empresas o entidades que operen en el territorio nacional".

Además, ha anunciado que "agotará todos los recursos jurisdiccionales a su alcance para que se garantice el cumplimiento de la legalidad vigente".

La polémica de Madrid con el Gobierno nacional sobre los bancos de cordón es anterior a la aprobación del Real Decreto. El ejecutivo regional había aprobado su propio decreto sobre los bancos privados de sangre de cordón umbilical, que fue rechazado por el Ministerio de Sanidad y que, en mayo, fue suspendido cautelarmente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.