Bruselas incluye la rebaja de las condiciones a la OPA de E.ON en su expediente contra España
La Comisión tratará mañana el expediente abierto a España en su reunión semanal
Bruselas
La Comisión Europea tratará mañana el proceso de infracción contra España por su gestión de la OPA de E.ON a Endesa, en su reunión semanal. La responsable de Competencia, Neelie Kroes, propondrá unificar en un solo expediente sus dos decisiones de declarar "ilegales" tanto el primer conjunto de medidas establecidas por la Comisión Nacional de la Energía; como la modificación de las mismas emprendida por Industria poco después. Los cambios de Industria rebajaban considerablemente las exigencias a E.ON y fueron aceptados por el grupo alemán.
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Fuentes de la Comisión Europea indicaron que la intención de Kroes es enviar al Gobierno español una carta de emplazamiento (el primer paso del procedimiento de infracción comunitario) complementaria a la que le envió en octubre por el primer paquete de medidas y que supuso la apertura del procedimiento.
A pesar de que las autoridades españolas han dejado ya claro que no están dispuestas a retirar las medidas que Bruselas considera incompatibles con la legislación comunitaria, la Comisión no va a avanzar por el momento en este proceso sancionador, aunque puede hacerlo en el futuro, recalcaron las fuentes.
Bruselas dice que las fusiones a nivel comunitario son de su competencia
La autoridad europea de competencia ha iniciado el trámite contra España por lo que considera una infracción del artículo 21 del reglamento de concentraciones de la UE. Las fusiones de dimensión comunitaria, como la de E.ON y Endesa, son competencia exclusiva de la Comisión, según este reglamento. Bruselas es, por tanto, la única que puede imponerles condiciones. Las exigencias impuestas por España que suscitan más preocupación al Ejecutivo comunitario son: la obligación de mantener la marca Endesa durante cinco años; no vender en ese plazo los activos eléctricos fuera de la España peninsular; utilizar sólo carbón de producción nacional, y no adoptar decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro contrarias al ordenamiento legal español.
España ve un "problema de interpretación"
Las autoridades españolas creen que el problema es de interpretación del derecho comunitario e insisten en que esas condiciones son clave para garantizar la seguridad del aprovisionamiento. Madrid ya tiene abierto otro procedimiento de infracción en Bruselas por el caso E.ON, en el ámbito de Mercado Interior, por la ampliación de las competencias de la CNE que le permitió pronunciarse sobre la OPA e imponerle condiciones.
La semana pasada, el Ejecutivo comunitario presentó una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE por este motivo, el último paso del procedimiento, pues considera que determinadas disposiciones del decreto que extendió las funciones del regulador energético español constituyen "restricciones injustificadas" de la libre circulación de capitales y del derecho de establecimiento.
