Un tribunal paraliza la tramitación del PAI donde se iba a establecer la ciudad deportiva del Valencia

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ordenó hoy la "paralización cautelar" de la tramitación del PAI de Porxinos en Riba-roja, emplazamiento de la futura Ciudad Deportiva del Valencia, por considerar que éste carece del "necesario" y "preceptivo" informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar que acredite que el citado plan está en disposición de garantizar el suministro de agua, tal y como informó ayer la Cadena SER.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ordenó hoy la "paralización cautelar" de la tramitación del PAI de Porxinos en Riba-roja, emplazamiento de la futura Ciudad Deportiva del Valencia, por considerar que éste carece del "necesario" y "preceptivo" informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar que acredite que el citado plan está en disposición de garantizar el suministro de agua, tal y como informó ayer la Cadena SER.

La zona afectada es en la que el club valencianista tiene previsto construir su futura ciudad deportiva y donde ha vendido ya más de medio millón de metros cuadrados a la empresa Nozar para la construcción de más de 3.000 viviendas, por los que percibió 168 millones de euros.

El auto, de nueve folios, resuelve una petición del abogado del Estado en nombre de la Administración central, que traslada que el pasado 30 de junio, cuando la Generalitat aprobó el PAI de Porxinos, el letrado solicitó su anulación por entender que "existía una falta preceptiva" en la tramitación del PAI, ya que éste carecía de un informe "que debe hacer la CHJ" para acreditar "si hay suficiente suministro de agua para la posible construcción de viviendas".

Por ello, el abogado pidió la anulación del citado PAI, y que, hasta que exista una "sentencia definitiva", se decrete una "anulación o suspensión cautelar" del plan por entender que, en el caso de seguirse el trámite jurídico normal, podrían empezar a construirse las casas, lo que ocasionaría un "perjuicio mayor" en el caso de que la sentencia fuese favorable a la anulación del PAI.

Al respecto, el Ejecutivo valenciano alegó que no es preceptivo el informe de la CHJ, dado que el realizado por la entidad colaboradora Acuagest certifica convenientemente que hay suficiente caudal de agua para las 3.000 nuevas viviendas proyectadas.

En este sentido, los tres magistrados encargados del auto declinaron las consideraciones de la Generalitat, y estimaron que el documento de la CHJ es "absolutamente preceptivo según la ley vigente", al tiempo que consideraron el informe de Acuagest "insuficiente" porque "no informa sobre si habría un menoscabo de agua para las instalaciones y personas que residen en aquella zona con la creación de las 3.000 nuevas viviendas".