Empresas portuguesas trasladaban inmigrantes con documentación falsa a España para la construcción
La policía ha desmantelado la organización y hay 24 detenidos en España
La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada a la introducción en España de inmigrantes ucranianos, guineanos y brasileños que portaban cartas de identidad portuguesas falsificadas. Los trabajadores irregulares eran contratados a través de diferentes empresas radicadas en Portugal, quienes a su vez, eran subcontratas por otras mercantiles españolas para realizar diferentes trabajos en el ramo de la construcción. Los operarios, utilizados como mano de obra barata, trabajaban en las ciudades de Vigo, Sevilla, Málaga, Oviedo, Segovia y en la Isla de Gran Canaria.
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En la operación policial han sido detenidas un total de 24 personas: diez individuos, entre los que se encuentran titulares, gerentes y responsables de las empresas, implicados en los presuntos delitos de asociación ilícita, contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental. Además de catorce inmigrantes que se encontraban en situación irregular.
Las investigaciones se iniciaron en el noviembre de 2005 por agentes de la UCRIF (Unidad contra las redes de inmigración y falsedad documental) de la Jefatura Superior de Policía de Canarias al realizar un control de extranjería en un hostal de Las Palmas de Gran Canaria. Un número considerable de brasileños allí alojados eran portadores de "permisos de permanencia" de Portugal.
Los extranjeros alegaron que trabajaban todos ellos en el ramo de la construcción y que habían sido contratados por una empresa portuguesa. Al no disponer de contrato o permiso laboral, los policías iniciaron las gestiones para esclarecer el motivo de la presencia en la Isla de estos individuos. El permiso de permanencia en Portugal no es un documento valido y suficiente para trabajar en España.
Los investigadores localizaron varias obras en distintos puntos de la geografía española en las que trabajaban estos inmigrantes, y pusieron al descubierto la existencia de una red delictiva formada por ciudadanos de nacionalidad portuguesa y brasileña, que se dedicaba a la introducción en España de inmigrantes de diferentes nacionalidades (especialmente del área lusófona) que eran utilizados como mano de obra ilegal en nuestro país.
Los empleadores incumplían las condiciones laborales y de Seguridad Social, y los trabajadores portaban cartas de identidad portuguesas falsificadas para ser utilizadas por ciudadanos brasileños, con las que posteriormente pretendían conseguir la tarjeta comunitaria. Estas documentaciones eran obtenidas a través de distintos canales vinculados al grupo delictivo.
Un millón de euros en ingresos
La red llevaba operando de esta forma cuatro años. Un cálculo aproximado de los ingresos totales que ha podido obtener con la realización de estas actividades fraudulentas podría superar la cantidad de un millón de euros.
El SEF portugués notificó a los policías españoles que en Portugal estas compañías solamente habían dado de alta en la Seguridad Social a ocho trabajadores. Sin embargo, los agentes españoles pudieron determinar que unos mil obreros habrían trabajado para estas empresas en situación irregular en diversas ciudades españolas localizadas en Las Palmas, Oviedo, Vigo, Málaga y Segovia. El sueldo mínimo que debían percibir por hora es de nueve euros, sin embargo, sólo percibían cinco.
