El Parlamento pide al Gobierno que investigue los clubes de alterne y persiga el proxenetismo

La Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer ha instado al Gobierno a investigar económicamente a los locales de negocio en los que se ejerce la prostitución, es decir, clubes de alterne y bares de carretera, y a extremar la persecución del proxenetismo.

Investigar los ingresos que obtienen los clubes de alterne y perseguir a los proxenetas. Son dos de las peticiones del dictamen final de la Comisión sobre la situación de la prostitución en España, aprobado por la mayoría de los Grupos Parlamentarios, entre ellos los dos grandes partidos, PSOE y PP.

El informe incorpora una propuesta del PP por la que las Cortes "instan al Gobierno para que interese al Fiscal General del Estado para que dicte una instrucción dirigida a que los fiscales extremen su seguimiento y rigor en la persecución de las conductas delictivas relativas a la prostitución, con particular atención a los que se llevan a cabo en los locales de negocios".

A su vez, en el ámbito de recomendaciones legislativas y policiales, pide que se incremente la investigación y la persecución del fraude fiscal y los delitos económicos relacionados con las actividades de trata, proxenetismo y comercio sexual.

Además, el Ejecutivo deberá elaborar un Plan contra la explotación sexual que incorporará no sólo medidas contra el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, sino otras dirigidas a disminuir la demanda de prostitución.

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Medio centenar de recomendaciones.

El Parlamento realiza así medio centenar de recomendaciones de carácter general, de sensibilización, formación, atención a las víctimas, de orden legislativo y policial y también de ámbito internacional.

El Ejecutivo deberá elaborar también un estudio en profundidad sobre la situación de la prostitución en España.

Anuncios de contactos sexuales en la prensa.

El informe mantiene la solicitud a los medios de comunicación de que, en el marco de sus códigos deontológicos, se planteen la renuncia a la publicidad relacionada con el comercio sexual para impedir el negocio de las organizaciones mafiosas dedicadas al mismo.

Como novedad, añade una petición a los proveedores de servicios de Internet, para que adopten o refuercen medidas de autorregulación para no incluir contenidos relacionados con el comercio sexual. También insta a las empresas, en particular a los sectores del turismo y las telecomunicaciones, a evitar la realización de actividades que promuevan la prostitución.

Tal y como ha destacado la parlamentaria socialista Lourdes Muñoz, la prostitución mueve en España 18.000 millones de euros al año y supone un gasto medio en 100 euros mensuales en los varones. Un 6% de la población recurre habitualmente a los servicios de las prostitutas. Sólo un 1,3% de las meretrices son españolas.

Penalizar la demanda

La diputada del PP Susana Camarero afirmó que el consentimiento en la prostitución no es señal de libertad, ya que se basa "en el dominio, el abuso y la explotación".

"El modelo más cercano por el que apostamos es el Sueco (abolicionista), pero es posible que la sociedad española no esté aún preparada para medidas que persigan la demanda (penalización del cliente), aunque sí para tratar de disuadirla", añadió Camareo.

Desde CiU, Mercé Pigem recordó que si desaparecen las barreras legales, desaparecen también las éticas. "Muchos hombres que no pagarían por consumir prostitución, lo harán si es legal. Y el mensaje que mandaríamos a los jóvenes es que las mujeres son meros objetos sexuales ligados al deseo y al poder adquisitivo, porque no hay prostitución sin demanda y sin cartera".