El Supremo pide opinión al Tribunal Europeo sobre la cuota legal de inversión de las TV en cine
Planteará la legalidad de "imponer a los operadores de televisión la obligación de destinar un porcentaje de sus ingresos de explotación para la financiación de películas y para televisones europeas"
Asimismo, en un auto sobre el recurso planteado por la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) en 2004 contra esta inversión obligatoria, el Alto Tribunal preguntará también, en el caso de que la respuesta del tribunal europeo sea positiva, si es conforme con el marco regulador europeo una norma nacional (el decreto que estableció la citada imposición) "que además de incluir la obligación de financiación ya expuesta, reserva el 60 por ciento de dicha financiación obligatoria a obras en lengua original española".
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En tercer lugar, el Supremo indica en su auto, al que tuvo acceso Europa Press, que planteará también si destinar el 60 por ciento de la financiación obligatoria a películas mayoritariamente producidas por la industria española "constituye una ayuda del Estado en beneficio de dicha industria, en el sentido del artículo 87 del Tratado de la CE".
En consecuencia, y en tanto no se resuelvan estas cuestiones "prejudiciales", la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha decidido suspender el procedimiento referente al citado recurso de UTECA. Asimismo, fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que el Alto Tribunal ha resuelto en el mismo sentido otro recurso presentado por Telecinco.
En su resolución, el Supremo admite en su auto, con fecha de 18 de abril, que tiene "dudas" sobre la interpretación que ha de darse en este caso a la normativa europea (la Directiva 89/552/CE, posteriormente modificada a través de la Directiva 97/36/CE), sobre todo en lo que se refiere a los "márgenes de libertad" de que gozan los estados "para imponer normas más estrictas que las insertas en la propia directiva".
En cuanto a que los fondos de las televisiones se destinen a financiar cine español, el Tribunal cree que podrían suscitarse "problemas de compatibilidad" con el derecho comunitario, sobre todo en lo referido a la "prohibición de discriminación por razón de nacionalidad" recogido en el propio Tratado CE.
Por último, considera que existen "dudas" sobre si estas ayudas al cine español "constituyen o no una ayuda del Estado a favor de un determinado sector económico nacional (el de los productores de obras cinematográficas) y si, en caso afirmativo, tal ayuda debió ser puesta en conocimiento de la Comisión Europea a efectos de la apreciación de su compatibilidad con el mercado común".
