El Gobierno cambia la ley del mercado de valores para dar más protección a los inversores

Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un informe sobre una nueva modificación de la ley del mercado de valores, que persigue aumentar la protección de los inversores, para lo cual se exige más transparencia a sociedades y asesores y refuerza el papel de la CNMV. Asimismo, rompe el monopolio de las bolsas en la intermediación.

Con esta norma, afirmó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se va a "adaptar la Bolsa a los nuevos tiempos", a la existencia de "más productos" cada vez "más sofisticados" y al aumento del número de ahorradores, que "va a seguir creciendo".

Resumió la ley en las medidas que adopta en dos direcciones: por un lado, la "transparencia" de las empresas ante el regulador, para lo cual se refuerza la labor de la CNMV; por otro, más "transparencia" para los asesores financieros en la relación con sus clientes, a quienes deberán dar "información adecuada" a su "nivel de conocimiento". La ley, además, "rompe el principio de exclusividad de las bolsas para negociar valores", agregó la vicepresidenta del Ejecutivo.

Protección para los inversores

En materia de protección de inversores, las sociedades de inversión estarán obligadas a proporcionar la información necesaria para que el cliente comprenda la naturaleza y riesgos del servicio que se le ofrece. El cliente deberá informar a la entidad de sus conocimientos y experiencias en este ámbito. Las sociedades deberán contar con un registro de todos los contratos con sus clientes. Si son particulares, estos contratos deberán celebrarse por escrito, salvo si la actividad realizada con el cliente es exclusivamente de asesoramiento. En dicho contrato se especificarán los derechos y obligaciones de la sociedad y del cliente. Se dan las características, además, de los que se considerarán inversores profesionales

Los intermediarios tendrán que comunicar al cliente su política de ejecución de órdenes y éste deberá aceptarla expresamente. Por otro lado, cuando se trate de clientes minoristas, la ejecución óptima se identificará con aquella que consiga el mejor precio, descontados los costes y las comisiones de ejecución, excepto si el cliente ha dado instrucciones precisas a la sociedad de cómo desea realizar la ejecución, en cuyo caso ésta deberá seguirlas.