La sala de lo penal decidirá si el caso de los contactos Gobierno-ETA queda en manos de Garzón o Del Olmo
Tras el rechazo por parte del juez Del Olmo a la segunda petición de inhibición planteada por Garzón
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deberá decidir finalmente si asigna al magistrado Juan del Olmo o a su compañero Baltasar Garzón la tramitación de una comisión rogatoria remitida por la juez francesa Laurence Le Vert, sobre la posible existencia de contactos entre los etarras detenidos el pasado mes de marzo en Francia y miembros del Gobierno español.
La petición de la juez francesa responde al hallazgo en poder de los dos miembros de la banda terrorista, Jon Iurrebaso y Kepa Suárez, de números de teléfono móvil entre los que se encontraba el de un alto funcionario del Gobierno francés y otros correspondiente a personas en España.
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Garzón solicitó ayer por segunda ocasión a Del Olmo que se inhibiera de este asunto, al considerar que es a él a quien corresponde tramitar la la comisión rogatoria por antecedentes, ya que en su día procesó y dictó orden de búsqueda contra uno de los dos detenidos, Kepa Suárez, a quien relaciona con el aparato de captación de ETA.
En esta segunda petición advertía que en el caso de que el juez central número seis no aceptara inhibirse a su favor, acudiría a la Sala penal para que fuera esta instancia la que adoptara una decisión definitiva.
La jueza Le Vert envió la comisión rogatoria el pasado mes de abril a iniciativa propia, a pesar de que Garzón ya había solicitado anteriormente información sobre Suárez a las autoridades francesas tras producirse la detención de este presunto etarra, el pasado 28 de marzo.
Por ello, la solicitud de informción de la jueza francesa no puede considerarse una contestación a la petición de Garzón, sino una diligencia independiente, precisaron otras fuentes jurídicas.
Del Olmo ya rechazó la primera solicitud de inhibición el pasado 18 de junio alegando que, en aplicación de los criterios técnico-jurídicos que rigen el reparto de casos en la Audiencia Nacional, el caso le correspondía a él y los argumentos planteados por el titular del Juzgado Central número cinco no eran suficientes para determinar la existencia de una vinculación directa de este asunto con la investigación de Garzón sobre Suárez.
En aquella ocasión la Fiscalía emitió un informe favorable a que fuera Garzón el que se ocupara de la investigación de los contactos solicitados por Le Vert.
En este segundo caso no se ha solicitado informe a la Fiscalía al considerar que valía con la primera de las consultas realizadas al Ministerio Público. Además, la Fiscalía, a pesar de inclinarse por Garzón, no recurrió el primer rechazo a inhibirse de Del Olmo.
Grande-Marlaska
El juez Central número seis asumió el caso después de que le fuera asignado por el juez decano, Ismael Moreno, en función de las normas de reparto que funcionan en la Audiencia Nacional.
La apertura de diligencias fue realizada por un tercer magistrado, el juez Fernando Grande-Marlaska, que se encontraba de guardia en el momento en el que el requerimiento de Le Vert llegó a la Audiencia Nacional.
Este magistrado, según fuentes jurídicas, procedió de la forma habitual cuando se reclamaba el inicio de la investigación de forma urgente y pasadas 24 horas dió traslado de la comisión rogatoria al juez decano para que se ocupara de asignarla.