El Supremo de Chile rechaza la extradición de Fujimori
La Justicia peruana pretende juzgarlo por violación de los derechos humanos
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El ministro del Interior chileno, Belisario Velasco, ha manifestado que en el caso de que finalmente Chile niegue la extradición, esta decisión no debería interferir en las relaciones entre los dos países ya que el fallo sería "ajustado a derecho".
La ministra de Justicia de Perú, María Zavala, ha expresado que el fallo del juez Orlando Álvarez es una "derrota parcial" para el Gobierno de Lima, ya que el proceso todavía no ha concluido. "Hemos perdido una batalla pero no la guerra", ha dicho Zavala en rueda de prensa. "Hemos instruido a nuestros abogados en Chile para que interpongan los recursos impugnatorios". La ministra se ha mostrado confiada en que tras la apelación, el Poder Judicial chileno dé luz verde a la extradición de Fujimori.
Defensores de los derechos humanos en Perú han recibido la noticia con estupor y decepción. "Da la impresión de que la justicia no se pone del lado de las víctimas sino de las personas que tienen graves acusaciones de crímenes de lesa humanidad", ha manifestado el director de Amnistía Internacional en Perú, Ismael Vega, quien ha recordado que el ex dictador chileno Augusto Pinochet falleció sin ser condenado.
Vega también ha declarado que de no proceder Chile a la extradición", Chile "estará obligado" a iniciar un proceso contra Fujimori en ese país, al ser signatario de convenios internacionales.
La fiscal chilena recomendó la entrega
El pasado 7 de junio, la fiscal de la Corte Suprema chilena, Mónica Maldonado, recomendó la entrega de Fujimori a la justicia peruana por dos casos de violaciones de los derechos humanos y varios delitos de corrupción.
Para Maldonado, las matanzas de La Cantuta (1992) y Barrios Altos (1991), incluidas en la solicitud de extradición presentada en enero de 2006, "son delitos de lesa humanidad, sin perjuicio de que no fueran pedidos como tales".
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en diciembre pasado al Estado peruano por dicho crimen y solicitó el pago de 20 millones de dólares (15 millones de euros) en indemnizaciones, así como la celebración de un acto público en desagravio a las víctimas.
Alberto Fujimori huyó de Perú en el año 2000 tras descubrirse una enorme red de corrupción creada por su asesor Vladimiro Montesinos y se refugió en Japón. En el país asiático adoptó la nacionalidad japonesa y vivió como refugiado durante cinco años, hasta que viajó a Chile en noviembre de 2005.