El Constitucional rechaza el recurso de la Comunidad Valenciana contra el Estatuto andaluz
Considera "extravagante" el recurso de inconstitucionalidad
El Pleno del Tribunal Constitucional ha calificado de "extravagante" el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat Valenciana contra una de las disposiciones del nuevo Estatuto de Andalucía -aprobado con el apoyo del PP- y ha decidido no admitirlo a trámite. En concreto, el recurso de la Generalitat se centraba sobre el sistema de financiación, que vincula la inversión estatal en Andalucía "al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un periodo de siete años".
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El Constitucional considera que el recurso presentado por la Generalitat valenciana, presidida por Francisco Camps (PP), es "extravagante", ya que "no se cuestiona la inconstitucionalidad del precepto recurrido [la disposición adicional tercera], sino su incongruencia" respecto al Estatuto catalán, que vincula las inversiones estatales en la comunidad al peso del PIB catalán con respecto al PIB nacional, en vez de vincularlas a la población.
Añade el Constitucional que lo que se reclama de él es "que salve la indicada incongruencia entre ambos preceptos estatutarios a través de su labor interpretativa", lo cual es "ajeno" a la jurisdicción del Alto Tribunal.
Tras conocer la resolución, tanto el PSOE como el Gobierno autonómico de Andalucía han criticado la actitud de los 'populares'. Los socialistas han calificado de "montaje" urdido por Javier Arenas, al que tachan de "político frívolo", para "desprestigiar" a la Junta. Desde el Ejecutivo autonómico, el consejero de la Presidencia considera que el PP ha recibido un "golpe claro" a su "estrategia de la ruptura de España".
El Gobierno valenciano presentó el pasado 19 de junio su recurso contra el Estatuto andaluz, después de recibir un informe favorable del Consell Jurídic Consultiu, que entendía, como el Ejecutivo de la Generalitat, que el sistema de financiación del nuevo Estatuto andaluz vulnera la Constitución. Valencia teme que ese tipo de financiación ligada al número de habitantes le perjudique a la hora de recibir dinero del Estado.
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