Un grupo de padres andaluces interponen un recurso contra Educación para la Ciudadanía

Un grupo de padres andaluces acude hoy al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para interponer un recurso contra la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC), con el que pretenden que dicho órgano judicial imponga medidas cautelares para suspender el decreto de la Junta de Andalucía, que desarrolla la implantación de esta asignatura.

Uno de los padres que se personará en la sede de Sevilla del TSJA Carlos Seco Gordillo explicó que, esta iniciativa surgió de "forma individual" por parte de varios padres contrarios a la implantación de la asignatura. Si bien añadió que, según tiene entendido, "la idea ha trascendido y serán bastantes los padres que, haciéndose eco de esta medida, interpongan también el mismo recurso en las distintas sedes del TSJA, situadas en Sevilla, Granada y Málaga".

En este sentido, Seco precisó que los recursos contenciosos administrativos que interpondrán la semana próxima "están basados en la vulneración de los derechos fundamentales de libre elección y educación, así como en la libertad de religión". Al hilo de ello, insistió en que la implantación de EpC "vulnera nuestros derechos jurídicos, debido a que el Gobierno andaluz ha aprobado el desarrollo de la asignatura cuando ya habíamos matriculado a nuestros hijos en los colegios".

Con esta medida, Seco dijo esperar que el TSJA "dicte sentencia en favor de la libertad religiosa y moral de nuestros hijos". De igual modo, añadió que dicha asignatura "traspasa los contenidos educativos e introduce la ideología de género", algo que, según apuntó, "no estamos dispuestos a aceptar".

De igual modo, este ciudadano aseguró que los problemas de la implantación de esta asignatura finalizarían si "el Ministerio de Educación y la Consejería del ramo tomasen la decisión de convertirla en una asignatura optativa, lo que eliminaría los actuales problemas de inconstitucionalidad".

Objeciones de conciencia

Por otro lado, según apareció publicado el pasado martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultado por Europa Press, la consejera de Educación, Cándida Martínez, retiraba mediante una orden a las delegaciones provinciales "las competencias para la resolución de las solicitudes de conocimiento del derecho a la objeción de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía". En su lugar, el viceconsejero Sebastián Cano, asume dichas competencias "en aras de una necesaria uniformidad resolutoria".

Asimismo, según los últimos datos de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres de Escuelas Católicas (Confapa) a finales de julio se habían cursado unas 2.000 solicitudes de objeción de conciencia contra la asignatura Educación Para la Ciudadanía, que se impartirá a partir de septiembre en 3 de ESO.