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Domingo, 18 de Agosto de 2019

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Condenado a dos años de cárcel el ex delegado del Gobierno del PP en Ceuta

Por un delito continuado de calumnia con publicidad, prevaricación, revelación de secretos y un delito contra la independencia judicial

La Audiencia Provincial de Cádiz y Ceuta condenó al ex delegado del Gobierno en Ceuta Vicente Moro (PP) a dos años de prisión y ocho años de inhabilitación por un delito continuado de calumnia con publicidad, prevaricación, delito continuado de revelación de secretos y un delito contra la independencia judicial.

Los hechos se remontan a enero de 2001, cuando la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz y Ceuta, ubicada en ésta última ciudad, ordenó la reapertura de unas causas procedentes de una denuncia efectuada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) contra el ex delegado del Gobierno en Ceuta por una presunta ilegalidad en la expulsión de menores inmigrantes no acompañados.

Según los hechos relatados en la sentencia, Moro ordenó a su "subordinado, el comisario jefe la elaboración de una nota interna", que posteriormente fue filtrada a la prensa, en la cual se cometían injurias contra el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia, Fernando Tesón, con el "propósito de dañar al magistrado".

Además, indica que el delegado del Gobierno "fue quien ordenó la redacción de la nota" para "crear alarma" por la puesta en libertad de dos presuntos narcotraficantes y para "perjudicar la imagen del magistrado". Estos hechos hicieron que el Consejo General del Poder Judicial abriera un expediente contra el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia, con sede en Ceuta.

"El Juzgado de Instrucción y la Fiscalía buscaron el archivo por todos los medios"

Por su parte, el presidente de APDH-A, Rafael Lara, que hoy dio a conocer la sentencia en rueda de prensa, señaló que el Juzgado de Instrucción de Ceuta y la Fiscalía trataron "por todos los medios" el archivo de la causa seguida contra el ex-delegado del gobierno ceutí y "boicotearon la investigación y entorpecieron el esclarecimiento de los hechos", en los que se denunciaba la ilegalidad en la expulsión de menores inmigrantes sin acompañamiento.

Asimismo, indicaron que fue la Audiencia Provincial la que se oponía al sobreseimiento de la causa y por ello los hechos reflejados en la sentencia condenatoria relatada. En este sentido, afirmaron que "ahora la sentencia reconoce las presiones e incluso actuaciones delictivas que se han producido en este caso por parte de determinadas personas para evitar el esclarecimiento de la verdad y la vulneración de derechos y la ilegalidad de las actuaciones llevadas en 1998 contra los menores extranjeros no acompañados".

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