La Policía Nacional registra la sede de Mutua Universal en Barcelona
Los agentes buscan documentos que acrediten la estafa multimillonaria a la Seguridad Social
A las 9 de la mañana agentes de la sección de delincuencia económica y de blanqueo de capitales de la Policía Nacional han entrado en la sede central de la Mutua Universal situada en el número 385 de la céntrica calle Aragón de Barcelona.
El juez de instrucción numero 21 ha ordenado el registro con la intención de buscar los documentos, fundamentalmente facturas y partes de accidentes laborales, que acrediten los delitos de malversación, apropiación indebida, falsedad y delitos societarios de los que se acusa a la cúpula directiva de la mutua.
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Con la documentación falsificada, la mutua reclamaba de la Seguridad Social una dotación económica muy superior a la que en realidad era preceptiva. Así, se hacía pasar por incapacidades laborales graves lo que en realidad eran incapacidades leves. Según la policía la estafa a la Seguridad Social podría superar los 10 millones de euros anuales.
La fiscalía dice que hasta el momento los imputados no han acreditado los presuntos servicios prestados por la mutua y que se han presentado facturas que no entran dentro de las actividades de una mutualidad.
Además del registro en la sede central de Mutua Universal, la policía está procediendo al registro de toda una serie de sociedades participadas directamente por la mutua. Entre ellas una inmobiliaria, vinculada a los directivos imputados que había iniciado las obras de construcción de una urbanización en Guardiola de Berguedà. Se trata de la sociedad Reston Conforting.
En el registro están participando más de 30 policías y siete juzgados de Barcelona.
La investigación sobre las actividades sospechosas de la Mutua Universal se inician a principios de año cuando la inspección de la Seguridad Social detecta una gran cantidad de facturas falsas o por servicios no acreditados que la mutua presenta ante la tesorería del estado.
Las mutuas son gestores de dinero público ya que son las encargadas de pagar por los accidentes o bajas laborales. Después, y una vez presentada la pertinente documentación, corren de cuenta de la Seguridad Social.
Según el fiscal, la Mutua Universal inflaba o directamente falsificaba expedientes de accidentes para aumentar el dinero que reclamaba a la Seguridad Social.
La policía habla de miles de casos y por orden del juez instructor interrogará a centenares de mutualistas accidentados.
La policía quiere demostrar cómo los imputados exageraron los informes de lesiones para cobrar más de la Seguridad Social.
El juez ha decretado el secreto de sumario. Quiere dar tiempo a la policía para que haga un cuidadoso estudio de la presunta magnitud del fraude, una estafa que se sitúa, tirando por lo bajo y según fuentes de la investigación, por encima de los 10 millones de euros anuales.
El registro de hoy es la continuación de los que se realizaron en junio. Entre junio y hoy, uno de los imputados, el director Joan Icart, ingresó más de 400 mil euros de dinero presuntamente procedente de la mutua.
Se acusa a Icart y a otros imputados de haber utilizado dinero procedente de la estafa para realizar adquisiciones de inmuebles y de vehículos.
Hace 15 días declararon ante el juez, que mantuvo contra ellos todos los cargos.
