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Una de cada diez personas en el mundo pagó un soborno en 2006

La corrupción aumenta en Asía, Pacífico y sureste de Europa

Berlín

Una de cada diez personas en el mundo ha pagado el año pasado un soborno, según un informe de Transparencia Internacional presentado hoy en Berlín. Los datos del estudio señalan que el 13% de los encuestados en más de 60 países han declarado que se les ha pedido y han pagado un soborno para obtener servicios públicos, desde permisos a prestaciones jurídicas y sanitarias.

El estudio precisa que la corrupción ha crecido hasta un 54% desde la última encuesta, y que el coste económico de la corrupción supera el billón de dólares al año, de los que 25.000 millones corresponderían a África, la región del mundo más necesitada.

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Este informe sobre el barómetro global de la corrupción complementa el índice difundido el pasado mes de mayo y constata un año más que la corrupción no sólo sigue formando parte de la vida diaria, sino que ha aumentado en Asía, Pacífico y sureste de Europa, afectando sobre todo a los jóvenes y las personas con menos ingresos. Los pobres, también en los países más industrializados, son los más perjudicados por la corrupción.

En la Unión Europea, el 5% de los encuestados para este informe pagó un soborno a cambio de una prestación, práctica que en Rumania, Grecia y Lituania confesó haber seguido entre el 27 y el 33% de los consultados. En España, tres de cada 100 encuestados dijeron haber pagado un soborno.

El grado de corrupción varía sensiblemente de un país a otro, pero coincide en que la institución pública más "corrupta" es la policía, hasta el punto de que uno de cada cuatro ciudadanos de todo el mundo que tuvo contacto con ese cuerpo fue "invitado" a pagar un soborno y uno de cada seis acabó haciéndolo. Pero aunque la policía sea la institución pública más afectada por ese mal, los ciudadanos creen que los más infectados por esa lacra son los partidos políticos y el poder legislativo. La práctica del soborno es también un problema de alcance en los ámbitos de la justicia, servicios de registro y permisos, educativo, salud y los proveedores de electricidad.

 
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