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De la Rosa no tendrá que ir a juicio por el caso Tibidabo

Será condenado a tres años de cárcel por delitos de apropiación indebida por valor de más de 11.000 millones de pesetas

Javier de la Rosa no tendrá que ir a juicio por el caso Gran Tibidabo, aunque será condenado a tres años de prisión por apropiación indebida. La fiscalía anticorrupción y la defensa de Javier de la Rosa y del resto de acusados de este caso, han llegado a un principio de acuerdo para pactar una sentencia de conformidad y evitar el juicio que debía iniciarse este lunes mismo en la audiencia de Barcelona.

Después de duras negociaciones, las defensas han acatado los tres años que el fiscal propone de condena para Javier de la Rosa, a quien considera autor de tres delitos de apropiación indebida por valor de más de 11.000 millones de pesetas.

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El financiero catalán reconoce ser al autor de los hechos y de esta forma asume la condena de tres años pero evita la celebración de un juicio que se tenía que llevar a cabo 16 años después de que se iniciara la tramitación de esta causa. El acuerdo se tiene que formalizar mañana lunes ante la audiencia de Barcelona. Si una sola de las partes de echa atrás, empezará el acuerdo no tendrá validez y De la rosa se sentará de nuevo en el banquillo.

El resto de acusados por estos delitos de apropiación son Joan Cruells que se conforma con un año y medio de cárcel, Florencio Cerdà, Ramon Fiter y Manu de Prado y Colón de Carvajal, que se conforman con un año de cárcel, y Arturo Piñana, que asume seis meses de reclusión.

Sin reducción

Las acusaciones y las defensas estaban negociando este acuerdo desde hacía meses. El fiscal no ha dado su brazo a torcer y a pesar de que ha eliminado el delito fiscal por el que inicialmente se acusaba a los principales imputados, no ha querido pactar ninguna condena que resultase inferior a los tres años de cárcel para el considerado cerebro y máximo responsable de la descapitalización que sufrió Gran Tibidabo a principios de los años 90.

En el acuerdo de conformidad se estipula que las acusaciones particulares se reservan las acciones civiles para intentar recibir compensaciones económicas por la actuación de los antiguos gestores de la compañía.

El financiero Javier de la Rosa está pendiente de otros juicios por estafa y apropiación, entre ellos el caso de los inspectores de hacienda por el que el fiscal pide contra él 9 años de cárcel.

 

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