El juez Torres levanta parcialmente el secreto del sumario a la operación 'Guateque'
Hay nueve imputados por la presunta trama de tráfico ilegal de licencias en el Ayuntamiento de Madrid
El juez Santiago Torres ha levantado parcialmente el secreto de sumario de la Operación Guateque, noticia que ha adelantado esta mañana la Cadena SER. El titular del Juzgado de Instrucción número 32 ha explicado en el auto que hace pública la parte del sumario que afecta a las primeras diligencias, inmediatas a las entradas y registros producidos el 14 de noviembre. El magistrado mantiene el secreto para la parte referente a la situación personal de los nueve detenidos en esta operación y a la de los registros efectuados después de la fecha mencionada, cuando se llevó a cabo la primera fase de la investigación.
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Entre los expedientes que investiga el letrado figura el referente al emblemático edificio de Seguros Ocaso, en pleno centro de Madrid. AC 93, principal empresa implicada en la trama, falsificó documentos para solicitar una licencia de oficinas para este inmueble. En el expediente que AC 93 presentó en el Ayuntamiento de Madrid para obtener la licencia de edificio para oficinas figuraba un documento en el que se aseguraba que todas las plantas del inmueble de SEGUROS OCASO se habían destinado a esa actividad.
Fernando Ruiz Torrejón, funcionario municipal de Gerencia de Urbanismo que fue encarcelado en el marco de la Operación Guateque, se percató del fraude. Revisó los antecedentes del edificio y comprobó que una de sus plantas había estado compuesta de viviendas, por lo que exigió a la empresa AC 93, dirigida por ex funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, que le aclarara el asunto.
En sus declaraciones ante el Juez Torres, Ruiz Torrejón, le explicó lo sucedido con este expediente. Su declaración hizo que el Juez ampliara los delitos que se investigan en esta trama de corrupción. A los de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias se ha sumado ya el de falsedad documental.
La Cadena SER también ha adelantado que uno de los principales imputados, el empresario Antonio Sanz, podrá salir en libertad provisional si paga una finaza de 100.000 euros que le ha impuesto el juez.