Guateque: el juez Torres confirma la existencia de una "trama organizada"
La decisión de abrir parcialmente el secreto de sumario por parte del magistrado, confirma la existencia de "abundantísimas" conversaciones intervenidas que sirven como pruebas
El Juez Santiago Torres ha levantado parcialmente el secreto de sumario y según ha podido saber la CADENA SER, se ha confirmado la existencia en el Ayuntamiento de Madrid de una trama organizada y estructurada desde hace tiempo que agilizaba la concesión de licencias municipales a cambio de dinero
Así lo escribe el Juez Torres en el auto por el que envía a prisión a Carmelo García, ex funcionario del Ayuntamiento de Madrid, por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Lo hace en base a las "abundantísimas conversaciones telefónicas intervenidas"
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Según el expediente, García era un intermediario entre la empresa AC 93, la principal de las implicadas en la trama, y el Ayuntamiento de Madrid. El Juez asegura que Carmelo García "se encuentra en concierto, formando un equipo organizado y estructurado desde hace tiempo que actuaría como intermediario entre el gerente de la empresa AC 93 y una multiplicidad de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid encargados de la gestión de expedientes y licencias"
El Juez considera que la empresa ha conseguido agilizar más de 20 licencias municipales a cambio de sobornos a funcionarios y que lo hacía "valiéndose del conocimiento de la administración local".
El auto concluye subrayando que, no sólo se dedicaban a agilizar licencias a quien lo solicitara, sino que también captaban posibles clientes que necesitaran iniciar algún negocio en locales comerciales de Madrid.
Exigen 180.000 euros
La empresa AC 93, dirigida por ex funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, parece una pieza fundamental en el sumario de la operación Guateque. Su nombre aparece relacionado con la licencia de la Clínica Ruber. El gerente de esta compañía, Santiago Castillo, exigió al Ruber 30 millones de las antiguas pesetas, 180.000 euros, para legalizar su actividad.
Fue en una conversación que mantuvieron el propio gerente de AC 93, Santiago Castillo y el aparejador de la Clínica Ruber, Luis Olabe que fue intervenida durante la investigación. El propio Olabe confirmó al Juez que Castillo le pidió 30 millones de las antiguas pesetas a cambio de ampliar la licencia de actividad de este Hospital pero ha subrayado que le pareció un abuso y que no accedió al chantaje.
Luis Olabe, aparejador de la Clínica, se encuentra en libertad bajo fianza. En el auto por el que se decreta su puesta en libertad, el juez señala que "no hay ninguna duda de que esos 30 millones de pesetas son un soborno". Añade además que el intermediario de la empresa AC 93 con el Ayuntamiento, Carmelo García, ya se había puesto en contacto con un funcionario municipal a quien ofreció participar en el reparto de la millonaria comisión a cambio de agilizar la licencia.
Este funcionario, Fernando Ruiz, que se encuentra detenido, ha reconocido ante el juez el ofrecimiento pero ha subrayado que la propuesta le pareció un disparate y un abuso de confianza de Carmelo por haber sido compañeros de trabajo en el Ayuntamiento de la capital durante varios años.
