Garzón imputa a tres dirigentes de ANV por colaboración con ETA

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha imputado hoy un delito de colaboración con la organización terrorista ETA al presidente de Acción Nacionalista Vasca (ANV), Kepa Mirena Bereziartua, a su apoderada, Alazne Arozena, y al secretario general, Antxon Gómez Lorente. El juez los ha acusado de "participar en la financiación de actividades terroristas por parte de ETA-Batasuna". El juez redacta este auto tras una reunión de más de tres horas con los representantes de ANV, en la que ha escuchado sus alegaciones como paso previo a la posible suspensión de actividades que reclaman la Fiscalía y dos asociaciones de víctimas.

Al auto emitido hoy por el juez Garzón se suma la certeza mostrada por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de que la izquierda abertzale no concurrirá a las elecciones bajo ninguna formación 'fantasma'. El ministro ha confirmado que, al cierre del plazo para que los partidos presenten sus candidaturas a las elecciones del 9 de marzo, no hay ninguna formación inscrita en el registro de partidos que la izquierda abertzale pueda recuperar para los comicios, en caso de que se ilegalicen ANV y PCTV. De este modo no se podrá repetir lo que ocurrió en la última cita electoral cuando, tras la ilegalización de Batasuna, la izquierda abertzale recuperó PCTV.

Pérez Rubalcaba ha indicado que los responsables de la izquierda abertzale que no condenan la violencia han dicho que van a pedir el voto en blanco, por lo que "están prefigurando una suspensión que yo no me atrevería a hacer hasta que lo decidan los tribunales".

El turno del PCTV

Los abogados que acudieron hoy a la cita con el juez para defender las acusaciones contra ANV, Jone Goirizelaia e Iñigo Iruin, han sido dos pesos pesados de Batasuna. Goirizelaia sostuvo ayer ante el juez que el juzgado de Garzón no es competente en el caso porque las mismas medidas están solicitadas en el Tribunal Supremo. Agregó que los informes son de 2005 y que entonces no fueron suficientes para suspender a ambos partidos

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Garzón, de un lado, y los dieciséis magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, de otro, estudiarán a lo largo de esta semana si decretan la suspensión de actividades de las dos formaciones sospechosas de estar contaminadas por la ilegalizada Batasuna e impiden, en consencuencia, que concurran a las elecciones del 9 de marzo.