Guatemala inicia el camino para abolir la pena de muerte
Álvaro Colom ha afirmado que va a instalar una mesa de expertos que analicen la situación de la pena de muerte, hasta llegar a borrarla de su legislación
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, ha congelado la aplicación de la pena de muerte al vetar la ley que recientemente restituyó la facultad presidencial de conceder indulto a los condenados, con lo que se inició el camino para su abolición.
El mandatario explicó que, según los análisis hechos por su gobierno, la ley que aprobó el Parlamento de su país el pasado 12 de marzo, que le restituía al presidente la facultad de perdonar la vida o confirmar la pena capital a los reos condenados, "tiene al menos dos inconstitucionalidades".
Contradicciones
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Las contradicciones de la norma legal, explicó Colom, se refieren al derecho a la vida del reo, la retroactividad de la ley y los compromisos que tiene Guatemala como parte de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Colom señaló que "mal haría" en sancionar una ley que viola la Constitución guatemalteca y aseguró que su decisión no se debió a las presiones que organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional hicieron para que dejara sin efecto esa normativa.
Sin embargo, reconoció que no haberlo hecho habría ocasionado "el debilitamiento" de las relaciones de Guatemala con "los países amigos que tanto han apoyado a nuestro país", que podrían haber reducido su ayuda.
Dejar con vigencia la pena de muerte, indicó el mandatario, habría sido tanto como "condenarnos a otra pena de muerte mayor. A la pena de muerte de la pobreza y el hambre para miles de personas. Esa pena de muerte es la que más nos interesa desterrar".
Sin sentido
Además argumentó que "se ha demostrado en otros países" que la pena de muerte "no disuade" a los delincuentes, sino que por el contrario "en varios estados de Estados Unidos, después de una ejecución se incrementan los índices de violencia".
El presidente aceptó que su decisión puede tener un costo político, porque la mayoría de la población está a favor de la pena capital, "por desesperación debido a los altos niveles de violencia". No obstante, anotó que "no nos podemos aislar del resto de países del mundo que van en la vía de abolir la pena capital".
La pena capital quedó en suspenso en mayo de 2000, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal de este país, declaró "inconstitucional" la Ley de Indultos, la cual databa de 1892, por ser anterior a la Constitución de 1985, la cual no contemplaba qué autoridad, en última instancia, debía conocer las peticiones de gracia de los condenados. La CC ordenó entonces al Congreso legislar para salvar el vacío legal y se suspendió de hecho la aplicación de la pena de muerte, hasta que se resolviera el asunto.
Tanto Portillo como su sucesor, Óscar Berger, presidente entre 2004 y 2008, intentaron, sin éxito, abolir definitivamente la pena capital de la legislación guatemalteca.
En la actualidad hay 41 reos condenados a muerte en Guatemala, por delitos de asesinato, ejecución extrajudicial y secuestro.
