Cuatro años de prisión para el ex alcalde de Andratx

La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a cuatro años de prisión al ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, por la la construcción de un chalet ilegal en una caseta de aperos, en un terreno de su propiedad considerado área protegida. El ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, ha sido condenado a tres años y seis meses y el ex asesor legal, Ignacio Mir, a un año.

El tribunal ha condenado al ex alcalde a demoler a su costa la vivienda construida o sufragar los gastos de demolición en caso de que deba encargarse de ella la administración competente. En virtud de esta sentencia de la Sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma, hecha pública esta mañana, tanto el ex primer edil del PP como el ex director general en el ejecutivo autonómico popular presidido por Jaume Matas ingresarán en prisión, dado que sus penas superan los dos años de cárcel.

El ponente del tribunal, el magistrado Juan Pedro Yllanes, ha sido el encargado de dar lectura a una parte de la resolución judicial, la referida a los hechos probados y el fallo.

Esta sentencia corresponde a la primera pieza del juicio oral por el llamado "caso Andratx", referida en concreto a la construcción de un chalet ilegal en una caseta de aperos en un terreno propiedad del ex alcalde Eugenio Hidalgo considerado área protegida, y cuya vista se celebró entre el 5 y el 8 de mayo pasados.

En el caso del ex alcalde de Andratx, la condena ha sido de un año de prisión e inhabilitación de ocho años para desempeñar cargo público por un delito de prevaricación administrativa; y tres años de prisión, suspensión de cargo público e inhabilitación como promotor urbanístico durante el mismo plazo por un delito contra la ordenación del territorio.

En el segundo delito, el tribunal ha considerado la circunstancia agravante de "prevalerse de su carácter público" como primer edil de la localidad. Además, deberá pagar 60.000 euros y ha sido condenado también a abonar dos sextas partes de las costas procesales causadas.

El ex director general de Ordenación del Territorio ha sido condenado como autor directo de prevaricación urbanística a dos años de prisión e inhabilitación para cargo público por diez años.

También ha sido sentenciado a un año y seis meses más como cooperador necesario en un delito contra la ordenación del territorio, el mismo tiempo que estará inhabilitado para cualquier empleo o cargo público de promoción urbanística.

Deberá satisfacer una multa de 27.000 euros por el delito contra la ordenación del territorio y dos sextas partes de las costas.

El ex asesor legal del Ayuntamiento de Andratx, José Ignacio Mir, ha sido condenado a un año de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho años por un delito de prevaricación administrativa, y deberá abonar una sexta parte de las costas.

En el caso del ex celador de obras del consistorio, como cooperador necesario en un delito contra la ordenación del territorio, pero con la circunstancia atenuante "muy cualificada de colaboración con la Justicia", la pena es de cuatro meses de prisión, y dieciocho meses de suspensión de cargo público e inhabilitación para la promoción urbanística. La multa que le corresponde es de 3.000 euros y una sexta parte de las costas.

En la lectura de la sentencia, el magistrado Yllanes ha llevado a cabo un relato cronológico de los hechos relativos a la construcción de la vivienda unifamiliar ilegal por parte de Hidalgo, desde que el ex alcalde adquirió una tierra de huerto, el 6 de agosto de 2002, hasta que en julio de 2006, ya bajo investigación, realizó alteraciones en el chalet para darle apariencia de uso agrícola.

La sentencia se aproxima a lo solicitado por la Fiscalía y la acusación particular que habían pedido cuatro años de pena para el ex director general de Ordenación del Territorio Jaume Massot y cinco años para el ex alcalde Eugenio Hidalgo.

Para el ex asesor legal del consistorio José Ignacio Mir la sentencia coincide con la pena reclamada por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, al igual que la del ex celador municipal Jaume Gibert, que había sido rebajada de los nueve años pedidos inicialmente a cuatro meses, tras el acuerdo alcanzado entre éste y el Ministerio Público.