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Sábado, 24 de Agosto de 2019

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Denuncian a un alcalde y a tres ministros por tener escudos franquistas en sus sedes

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de San Vicente va a retirar el título de hijo adoptivo a Franco

La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña presentará mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia una denuncia contra el alcalde de la ciudad y los ministros de Economía, Fomento y Defensa por la existencia de escudos franquistas en edificios públicos de su responsabilidad.

La denuncia, dirigida a la Fiscalía, demanda que se inicien las actuaciones que considere oportunas para "determinar las responsabilidades por el incumplimiento" por parte de estas administraciones de la Ley 33/1981 para la eliminación de los escudos franquistas, así como del Real Decreto 2964/1981, que recoge el modelo oficial del escudo de España.

Desde la Comisión argumentan que en dicha ley, en una disposición transitoria, se indica que los distintos organismos públicos que utilicen el escudo de España dispondrán de un plazo máximo de tres años para sustituir el escudo, algo que no se ha cambiado en algunos edificios públicos de las administraciones denunciadas, precisó.

Como ejemplos de estos incumplimientos incluyen en su demanda el Palacio de María Pita en A Coruña, donde permanece un escudo franquista en la vidriera de la escalera principal y los escudos del cuartel de Atocha, Correos, Comandancia Militar de Marina y Aduana, en la ciudad herculina.

El Ayuntamiento de San Vicente retira el título de hijo adoptivo a Franco

El pleno del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha aprobado por unanimidad retirar el título de hijo adoptivo a Francisco Franco, que fue concedido por el consistorio en 1940.

Esta iniciativa fue presentada en el pleno anterior por Esquerra Unida (EU) y, tras quedar para estudio, finalmente ha salido adelante con el apoyo de los tres grupos políticos con representación municipal-PP, PSPV-PSOE y EU-.

Los tres partidos han consensuado una moción conjunta, después de que el equipo de Gobierno solicitara unos informes jurídicos que aconsejaban retirar el nombramiento para cumplir con la legalidad establecida en la Ley de Memoria Histórica.

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