Más de 70 detenidos en una operación contra el fraude a la Seguridad Social
Se les acusa de un fraude valorado en 4.600.000 euros. La operación se ha llevado a cabo en Madrid, Valencia, Alicante y Castellón
Los agentes han detenido a 73 personas, entre loas que se encuentran empresarios y trabajadores, acusadas de fraude a la Seguridad Social, falsificación de documentos, estafas e insolvencia punible. Los empresarios cobraban a los supuestos trabajadores una cuota inicial de 150 euros, además de sucesivos pagos mensuales, por darles de alta en la Seguridad Social para así posteriormente solicitar prestaciones y subsidios.
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A todos ellos se les acusa de un fraude a la Seguridad Social valorado en 4. 600.000 euros. La operación la ha desarrollado la unidad de la Policía Nacional especializada en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y se ha llevado a cabo en Madrid, Valencia, Alicante y Castellón.
El fraude consistía en que los empresarios cobraban una cuota a unos falsos trabajadores a los que se daba de alta a la Seguridad Social para que así pudieran tener derecho a cobrar prestaciones y subsidios, entre ellos el de desempleo.
La operación policial ha sido realizada en la Comunidad Valenciana por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, adscrita a la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial. Los cuatro titulares o administradores de las empresas han sido detenidos en la provincia de Valencia y han pasado ya a disposición judicial.
En Valencia se han detenido también a 59 supuestos empleados, otros 7 en Castellón, 2 en Alicante y 1 en Madrid, todos ellos en libertad con cargos tras prestar declaración.
Controles de la Tesorería
Las investigaciones se iniciaron a principios de año cuando la Tesorería General de la Seguridad Social, en el ámbito de sus controles habituales, detectó la falta de cotización de las empresas implicadas, a pesar de que éstas mantenían trabajadores en alta. La Tesorería informó entonces de los hechos a la Policía Nacional para que practicará las actuaciones pertinentes.
El "modus operandi" consistía en constituir sociedades, que pese a no desarrollar una actividad laboral real y efectiva, eran inscritas en la Seguridad Social, haciendo figurar como socios constituyentes, y aparentes responsables de las mercantiles, a personas que no ejercían actividades de dirección de las mismas y que no eran sino meros testaferros, con el fin de ocultar la verdadera identidad de los titulares y dificultar de este modo la acción recaudatoria de la Tesorería.
Su objetivo era dar de alta en la Seguridad Social a personas que no trabajaban en las mismas de dos formas diferentes. Por un lado eran dados de alta individuos dedicados a la actividad de venta ambulante en ferias y mercadillos, con objeto de que les fueran facilitados por los Ayuntamientos la licencia correspondiente ya que precisaban acreditar estar dados de alta en la Seguridad Social.
Para ello uno de los empresarios detenidos J.J.S., alias "Requena", visitaba los mercadillos y ofertaba a los vendedores ambulantes el ser dados de alta en estas empresas, a cambio de una cantidad de dinero en concepto de cuota inicial, que ascendía, según algunas declaraciones, a la cantidad de 150 euros y pagos mensuales sucesivos para el supuesto ingreso de las cuotas en la Seguridad Social, que en ningún caso se llevaban cabo.
Por otro, también eran dadas de alta como trabajadores de estas empresas personas que realizaban su actividad laboral en otras mercantiles, con lo que eludían de este modo el pago de los seguros sociales de estos trabajadores.
En ambos casos se facilitaban a los trabajadores, a medida que acumulaban los periodos de carencia establecidos para la obtención de prestaciones, la documentación necesaria que posteriormente era presentada en el INEM, para solicitar y obtener prestaciones y/o subsidios por desempleo.
