Detenido otro empresario en Guipúzcoa por pagar 'el impuesto revolucionario' de ETA
La Guardia Civil registraba su domicilio por orden del juez Baltasar Garzón
La Guardia Civil ha detenido este miércoles en Azpeitia a un empresario vinculado a varias empresas con sede social en Guipúzcoa, dentro de la investigación por el pago del denominado ''impuesto revolucionario'' de ETA. La detención de Jesús Guibert Azkue es la segunda en sólo 24 horas, ya que el martes había sido detenido José Antonio Jainaga. El juez Garzón citará a declarar a ambos empresarios en los próximos días.
Agentes de la Guardia Civil han detenido hoy en Azpeitia a un empresario vinculado a varias empresas con sede social en Guipúzcoa, dentro de la investigación por el pago del denominado '"impuesto revolucionario'' de ETA.
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La Guardia civil ha registrado el domicilio del empresario detenido, ubicado en San Sebastián. Las órdenes de entrada y registro han sido cursadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
El empresario permanecerá en situación de detenido previsiblemente hasta que finalicen los registros, como ocurrió ayer con José Antonio Jainaga, consejero delegado de Sidenor. Ambos podrían ser citados a declarar en los próximos días por el juez Garzón.
Secuestrado en 1983
Guibert, de 81 años, fue secuestrado el 21 de marzo de 1983 en Azpeitia (Guipúzcoa) por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, cuando era gerente de Laminados de Hierro Marcial UCIN SA y quedó en libertad diecisiete días después, supuestamente tras el pago de 150 millones de pesetas.
El registro de hoy se produce veinticuatro horas después de otro en el domicilio bilbaíno del consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, que llegó a estar detenido unas horas por la Guardia Civil.
Ambos registros están relacionados con la documentación intervenida al considerado máximo dirigente del aparato político de ETA, Francisco Javier López Peña, "Thierry", detenido en la localidad vascofrancesa de Burdeos el pasado 20 de mayo.
Ya el pasado 12 de junio, y a raíz también del análisis de los documentos intervenidos en esa operación policial, Garzón ordenó el ingreso en prisión incondicional de dos hermanas empresarias detenidas el día anterior en Orio (Guipúzcoa), María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz, a las que acusó de colaborar con ETA y de haber pagado 6.000 euros de forma voluntaria a la banda.
