El Gobierno recurre la orden valenciana sobre Educación para la Ciudadanía
La secretaria de Estado de Educación exige "respeto a la ley y a la comunidad educativa"
El Ministerio de Educación ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana un recurso contra la orden del Consell que regula la enseñanza de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y prevé que se imparta en inglés.
Más información
El Gobierno, a través del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (MEPSYD), ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Valencia la orden del Gobierno valenciano sobre organización pedagógica de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) para solicitar su nulidad de pleno derecho, así como la suspensión cautelar en tanto en cuanto se resuelve el proceso, según informó hoy el Ministerio en un comunicado.
El MEPSYD considera que la norma "incumple la Ley Orgánica de Educación (LOE), asume competencias propias de los centros educativos, divide a los alumnos y dificulta que completen los objetivos de la etapa" y entiende que ha de suspenderse ya porque su aplicación "perjudicaría los alumnos".
La norma valenciana establecía dos opciones para cursar EpC: la propuesta ''A'', a través del desarrollo del currículo de la materia en inglés por parte del profesor, o a través de la opción ''B'', con realización de un trabajo individual con un enfoque transversal de los contenidos de la materia de, al menos, una periodicidad trimestral.
"En contra de la Constitución"
El ministerio también acusa a la Comunidad Valenciana de regular medidas relacionadas con la objeción de conciencia a la asignatura, "en contra una vez más de la LOE, pero también de la Constitución y de numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, que en ningún caso autoriza esta posibilidad".
Por otra parte, asegura que, al articular dos opciones diferentes para la asignatura, el Consejería de Educación valenciana asume competencias que corresponden "de manera exclusiva" a los centros educativos, como son la organización y el proyecto educativo propio.
Asimismo, para Educación, la normativa "impide" que los alumnos que cursaran la opción B alcancen los objetivos de la asignatura. "Los contenidos, objetivos y criterios de evaluación de una asignatura obligatoria son aspectos básicos regulados por una Ley Orgánica y no pueden alterarse", argumenta.
"Respeto a la ley y a la comunidad educativa"
Por todo ello, la secretaria de Estado de Educación y Formación, Eva Almunia, solicita al consejero de Educación de Valencia "respeto a la Ley y a la comunidad educativa" y recuerda que más de 200.000 alumnos de siete comunidades autónomas han cursado ya la asignatura Educación para la Ciudadanía "con normalidad". "Las familias, los centros educativos y los alumnos han demostrado una responsabilidad de la que el Gobierno valenciano carece", subraya.
