Andalucía empieza a gestionar la primera ley española sobre la muerte digna
La norma se debatirá en el Parlamento andaluz la próxima primavera
El Consejo de Gobierno de la Junta ha decidido hoy tramitar el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte es una norma que regulará los derechos del paciente y las obligaciones de equipos y centros sanitarios, tanto públicos como privados
La decisión ha sido adoptada hoy por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y, según sus previsiones, La consejera de Salud, María Jesús Montero, ha destacado en rueda de prensa que esta norma, "la primera de estas características que se elabora en España", no sólo persigue "salvaguardar la libertad y el respeto" a la voluntad de la persona, sino también "respaldar" la labor de los profesionales sanitarios en este tipo de situaciones. Montero ha precisado que, una vez sea aprobada la ley, todos los centros sanitarios andaluces tendrán un plazo de dos años para acometer las reformas oportunas.
El texto regula varios derechos del paciente, como por ejemplo a obtener o no información clínica veraz sobre su diagnóstico para ayudarle en la toma de decisiones, a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa cuando lo precise, y garantiza los cuidados paliativos integrales, que serán proporcionados, si la persona lo desea, en su domicilio siempre que no estén contraindicados. Asimismo, el ciudadano puede rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida.
La intimidad personal y familiar, así como la protección de datos referentes al proceso sanitario, también estarán garantizados. El paciente podrá estar acompañado por su familia en todo el proceso y las instituciones deberán ofrecerles apoyo y asistencia en todo momento.
Comité de ética en los centros sanitarios
Los profesionales sanitarios que atiendan al paciente deberán respetar las decisiones que éste tome sin imponer sus opiniones personales, morales, religiosas o fisiológicas. No obstante, los centros sanitarios tendrán un 'comité de ética', de carácter consultivo, para cualquier conflicto que pueda surgir. Las instituciones deberán garantizar el cumplimiento de la ley y, en caso de negativa o ausencia de los profesionales, deberán asegurar la atención necesaria.
