Una empresa británica pierde los datos de miles de funcionarios de prisiones
El secretario de Justicia ya ha ordenado una investigación para evaluar el riesgo. Straw ha recibido la información de la pérdida dos meses después de que se produjera
Una empresa contratista del Gobierno británico extravió los datos personales de miles de trabajadores de las prisiones de Inglaterra y Gales, lo que supone la última de varias infracciones de datos de seguridad en los últimos meses.
Por este motivo, el secretario de Justicia, Jack Straw, ha ordenado que se inicie una investigación acerca de la pérdida de los datos de hasta 5.000 miembros del personal penitenciario, desde que en 2007 extraviara una memoria la compañía tecnológica EDS.
Más información
"He ordenado una investigación urgente acerca de las circunstancias y las implicaciones de la pérdida de la información y el nivel de riesgo que supone", desveló Straw, que mostró su descontento por haber sido informado el sábado, dos meses después de que el servicio de prisiones tuviera conocimiento del caso.
"También he solicitado un informe de por qué no fui informado en el mismo momento en que mi departamento tuvo conocimiento de este asunto", afirmó, añadiendo que sus hombres "están en contacto con la EDS como parte de este proceso" y que se toman el caso "extremadamente en serio".
En cuanto a las consecuencias de los extravíos, un portavoz del Ministerio de Justicia declaró que es probable que haya afectado al personal administrativo de la prisión más que a los funcionarios de la prisión y de libertad condicional. A pesar de ello, la Asociación de Funcionario de Prisión (POA por sus siglas en inglés) pidió que el Gobierno ponga fin a su contrato con EDS y amenazó con pasar a la acción.
El secretario general de la POA, Brian Caton, mostró su esperanza en que "el Gobierno acabe el contrato con EDS inmediatamente tras su acto deliberado de no revelar información y poniendo en riesgo a miles de empleados del servicio penitenciario".
Por su parte, EDS asegura estar trabajando conjuntamente con el Ministerio de Justicia para valorar el nivel de riesgo que supone la pérdida de los datos, aunque un portavoz de la empresa tecnológica no quiso hacer valoraciones sobre la amenaza de la POA.
En mayo, EDS fue una de las cinco compañías tecnológicas a las que el Gobierno un contrato "marco" para su controvertida estructura de tarjetas de identidad, de 4.700 millones de libras de valor (más de 5.840 millones de euros), para los próximos diez años.
El mes pasado, varios policías fueron llamados al orden después de que una empresa consultora diferente que trabajaba para el Gobierno perdiera una memoria extraíble para ordenador. Esta memoria contenía los detalles personales de todos los presos de Inglaterra y Gales, así como los datos de 33.000 delincuentes peligrosos y de gente en programas de rehabilitación de drogas.