El alcalde y varios ediles del anterior gobierno de Castro Urdiales, acusados de prevaricación
La causa judicial comenzaba en 2006 con la investigación de la presunta adjudicación 'a dedo' de las obras del túnel de Mioño al hermano de un concejal
El Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales ha acusado al actual alcalde, Fernando Muguruza, y a seis ediles del anterior equipo de gobierno de dos delitos de prevaricación por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos obras en 2004.
En un auto dado a conocer este viernes, el titular de este juzgado amplía la imputación por este delito al secretario municipal cuando se ejecutaron esas obras, en 2004, al interventor y a un técnico del Ayuntamiento.
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Además, el juez acusa al entonces concejal de Obras y actual portavoz de IU, Salvador Hierro, y al ex edil del PRC Jaime Díez Muro de sendos delitos de tráfico de influencias en la adjudicación de dichas obras, que también imputa al hermano de este último y apoderado de la empresa Izeta, que ejecutó las dos obras.
Esta causa judicial comenzó en septiembre de 2006 tras la querella interpuesta contra Hierro y Díez Muro por la presunta adjudicación "a dedo", en 2004, de las obras del túnel de Mioño al hermano del concejal regionalista. La imputación se amplió después al alcalde y a otros cuatro ediles del equipo de gobierno.
En la instrucción, se incluyeron en la causa las obras del mercado municipal, adjudicadas a la empresa Izeta.
El juez señala que existen indicios de que el alcalde y los seis ediles que integran la Junta de Gobierno Local de Castro Urdiales adjudicaron las obras a Izeta sabiendo que lo hacían "de forma ilegal", ya que habían sido advertidos de estas prácticas, en otras ocasiones, por el anterior interventor.
En cuanto a las obras incluidas en la causa, el juez insiste en que se adjudicaron sin tramitar un expediente, sin publicitarlas, sin tener en cuenta otros presupuestos y sin acreditar su urgencia, cuando la Junta de Gobierno Local no las tenía incluidas en el orden del día en el que las aprobaron.
"Todos, sobre la marcha, por unanimidad, vulnerando la Ley y con conocimiento de ello, dan por buena la oferta presentada por el hermano del concejal Jaime Díez Muro", asegura el juez en relación a estas adjudicaciones.
Respecto a la elección de la empresa Izeta, el juez señala que "no hay otro elemento que sustente la oferta (de esta empresa) más allá de la condición personal del ofertante, es decir, hermano del concejal Jaime Díez Muro".
En relación a los delitos de prevaricación que se imputa al secretario municipal, al interventor y al técnico municipal, el auto indica que estos funcionarios tienen "la obligación" de examinar los expedientes, cuando recuerda que cuentan con una experiencia de más de 20 años.
Según el juez, estos funcionarios han hecho "dejación voluntaria y consciente" de sus funciones.
Este auto concluye la instrucción, que se transforma en procedimiento abreviado, y tendrán que ser ahora las partes, la acusación y la defensa, quienes presenten sus respectivos escritos para que continúe la causa judicial.