El sindicato mayoritario de la Policía respalda la versión del ministro italiano sobre la llegada de población gitana
La CEP afirma que en algunas detenciones en Levante han detectado la presencia de grupos de origen rumano expulsados de Italia
La Confederación Española de Policía (CEP) ha corroborado la versión del ministro de Interior italiano, Roberto Maroni, quien afirma que parte de la población gitana que vivía en el país se ha marchado a la "más permisiva España". Según informó el portavoz del sindicato, Lorenzo Nebrera, las fuerzas de seguridad españolas han detectado, desde el mes de febrero en la zona de Levante, la presencia de gitanos de origen rumano expulsados de Italia.
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"En algunas detenciones comprobamos que habían residido en Italia y que ante la presencia y el acoso policial y mediático habían decidido trasladarse a España", afirmó Nebrera, quien concretó que varios casos tuvieron lugar en los municipios alicantinos de Elche y Orihuela. "Lo que ha dicho el ministro italiano debe ser verdad", resumió.
En esta línea, expuso que su sindicato ya detectó, a partir de "la regularización masiva de 2004", la llegada de "individuos irregulares" procedentes del sur de Francia, e incluso de Italia en busca de los ''papeles'' españoles. Criticó que nuestro país "siempre va por detrás" en las actuaciones de esta naturaleza. "España siempre actúa cuando ya verdaderamente tenemos prolemas, no cuando tenemos los primeros indicios", consideró.
En relación a los censos en los poblados gitanos, planteados por las autoridades italianas y anteriormente aprobados por la Comisión Europea, el portavoz enfatizó que para la Policía siempre es útil "la máxima transparencia y facilidad" en el acceso a la información oficial, pero lamentó la dificultad de acceder a ella en algunos ayuntamientos, como, dijo, "sobre todo en el País Vasco y Cataluña".
Racismo
Para Nebrera, la elaboración de un censo sobre el colectivo gitano podría ser interpretado como "un acto racista", por lo que vio conveniente extender las estadísticas a todas aquellas zonas chavolistas, en donde se localiza la "población marginal". Recordó también que gitanos de origen español aparecen correctamente censados en los registros nacionales.
Entre los motivos por los cuales parte de estas personas de etnia gitana evitarían inscribirse en los censos españoles, el representante de la CEP respondió que "tendrán razones para pensar que cualquier control policial puede ser perjudicial para ellos" y planteó que su actividad profesional, en muchos casos, "roza la legalidad". Agregó que al ser ciudadanos de la Unión Europea, no sienten la necesidad de empadronarse para conseguir una posterior regularización.
Finalmente, Nebrera reclamó endurecer las penas contra todas aquellas personas que "delinquen de forma habitual" y denunció la "permisividad" existente en este sentido en nuestro país. "En España sale más barato delinquir que en cualquier país de Europa", concluyó.
El SUP no tiene constancia
Por su parte, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, aseguró "no tener constancia" de la llegada de gitanos a España, que anteriormente habían residido en Italia, y calificó un posible censo sobre esta población como "una barbaridad".
Fornet subrayó que "allá donde existe marginación y pobreza hay delincuencia", y recalcó que este hecho es independiente a la etnia de la persona. En su opinión, lejos de elaborar ningún censo, las autoridades deben preocuparse por dotar de una mayor seguridad y una amplia red de servicios básicos a los barrios donde aflora la pobreza, que, dijo, "son muchísimos".
Por último, expuso que plantear un registro de estas características conllevaría "el aumento del racismo y la xenofobia" y puso de manifiesto la necesidad de endurecer el código penal español, que "deja bastante que desear".
