El Gobierno va a impulsar una serie de medidas para ofrecer garantías en los procesos de detención de sospechosos
El borrador de este plan al que ha tenido acceso la CADENA SER no responde, sin embargo, a algunas de las recomendaciones del comité de derechos humanos de la ONU
El gobierno prohibirá la prisión incomunicada para menores, reducirá el plazo de ocho horas sin asistencia letrada para los detenidos y obligará a grabar toda la estancia en comisaría de los presos incomunicados. Estan son las medidas más llamativas del plan de derechos humanos que prepara el gobierno y cuyo borrador, al que ha tenido acceso la SER, incluye además otras medidas como la creación de un fondo estatal para pagar la defensa de los españoles condenados a muerte en terceros países.
El Gobierno va a impulsar una serie de medidas para ofrecer garantías en los procesos de detención de sospechosos. El ejecutivo prohibirá la prisión incomunicada a menores y propondrá la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para reducir el plazo máximo de detención sin asistencia letrada, actualmente fijado en ocho horas.
Además, se dictará una nueva instrucción que modifica la regulación de los libros de registro y custodia de detenidos existentes en las comisarías. Se pretende poner en marcha elementos que permitan conocer de manera fehaciente todas aquellas incidencias que se puedan producir entre la detención del ciudadano y su puesta en libertad o a disposición judicial.
Además, en el caso de los detenidos en régimen de incomunicación se acepta la recomendación de diversos colectivos de grabar todo el tiempo de permanencia del detenido en dependencias policiales.
Otras cuestiones
Este plan de derechos humanos que será aprobado el próximo viernes en Consejo de Ministros aborda otras cuestiones, por ejemplo, el Gobierno se compromete a crear un fondo para garantizar la asistencia jurídica de los españoles condenados a muerte en el extranjero. En materia de inmigración en ejecutivo se compromete a reformar y a aumentar la red de centros de internamiento.
El borrador de este plan al que ha tenido acceso la CADENA SER no responde, sin embargo, a algunas de las recomendaciones del comité de derechos humanos de la ONU.
La ONU pedía en octubre la derogación de la ley de amnistía y la creación de una comisión de la verdad. El gobierno, en su documento, tan sólo apuesta por desarrollar la ley de memoria histórica.
