Justicia cree que una huelga de jueces sería injustificada e injustificable
El Ejecutivo se pregunta por qué se amenaza, ahora, con una huelga para reivindicar una mejora de las tecnologías informáticas en la Justicia
El Ministerio de Justicia cree que una huelga de jueces sería "injustificada e injustificable", al tiempo que considera "sorprendente y decepcionante" que las cuatro asociaciones judiciales amenacen con un paro si no se atienden sus reivindicaciones.
Así ha respondido el Ministerio en un comunicado al documento reivindicativo hecho público este lunes por la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente.
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Las cuatro asociaciones de jueces han acordado convocar un acto de protesta en todas las sedes judiciales el próximo 18 de febrero para exteriorizar el "malestar" y "hartazgo" de la carrera y han advertido de que si no se cumplen sus reivindicaciones irán a la huelga el 26 de junio.
El Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo opina que vincular la huelga a una mejora económica resulta difícil de comprender en el actual momento de crisis y teniendo en cuenta que el salario medio de los jueces aumentará en 2009 en un 5% debido al incremento de las pagas extraordinarias.
Funciones constitucionales
Justicia señala que es "incomprensible" para los ciudadanos que los titulares de un poder del Estado dejen de cumplir con sus funciones constitucionales para presionar a los otros poderes del Estado.
Asimismo, el Ministerio tacha de "incongruente" que se amenace con una huelga para la urgente instalación de la Nueva Oficina Judicial cuando el Gobierno ha remitido ya al Parlamento el proyecto de ley que la hará posible y ve "intolerable" que se intente presionar a las Cortes con una huelga para intentar condicionar parte del contenido de la próxima ley que regulará la oficina judicial.
El Ejecutivo se pregunta por qué se amenaza, ahora, con una huelga para reivindicar una mejora de las tecnologías informáticas en la Justicia, cuando se ha hecho el mayor esfuerzo presupuestario que se ha conocido en esa dirección y cuando, por primera vez, la partida de modernización tecnológica supera a la de infraestructuras y equipamiento.
El Gobierno expresa su disposición al diálogo con las asociaciones judiciales, que están legalmente legitimadas para defender los intereses del colectivo judicial, con el objetivo de unir esfuerzos para ofrecer a los ciudadanos el servicio público de calidad al que tienen derecho.
